ITPAJD. Actos Jurídicos Documentados. Escritura pública de constitución de propiedad horizontal compleja, reserva del derecho de vuelo, declaración de obra nueva y división en propiedad horizontal. Sujeción al impuesto.

Tribunal Económico-Administrativo Central SALA CUARTA FECHA: 29 de septiembre de 2026 PROCEDIMIENTO: 00-02778-2025-00 CONCEPTO: IMP. TRANSM. PATRIM. Y ACTOS JURÍD. DOCUM. ITP-AJD NATURALEZA: RECLAMACIÓN ÚNICA INSTANCIA GENERAL RECLAMANTE: JK SAU – A… REPRESENTANTE: … - … En MADRID, se ha constituido el Tribunal como arriba se indica, para resolver en única instancia la reclamación de referencia, tramitada por procedimiento general. ANTECEDENTES DE HECHO Primero.- Con fecha 26 de mayo de 2022 la entidad JK , S.A.U. (anteriormente …, S.A U.) otorgó escritura pública de constitución de propiedad horizontal compleja, reserva del derecho de vuelo, declaración de obra nueva y división en propiedad horizontal, ante el notario …, protocolo número PROTOCOLO_1 . En la citada escritura se valoró la constitución de la propiedad horizontal compleja en 84.281.311,98 euros. Segundo.- Con fecha 8 de junio de 2022 la entidad presentó la autoliquidación modelo 600 por la modalidad de Actos Jurídicos Documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), ingresando una cuota del 1,5 % (1.264.219,68 euros) por el concepto de división horizontal compleja. Tercero.- Con fecha 18 de noviembre de 2024 la entidad otorgó escritura de rectificación de otra anterior, ante el notario …, protocolo número PROTOCOLO_2 , en la que manifiesta que por error involuntario otorgó contenido económico a la constitución de la propiedad horizontal compleja, cuando en realidad carece de contenido económicamente valorable de forma independiente. Cuarto.- Con fecha 7 de enero de 2025 la entidad presentó solicitud de rectificación de autoliquidación con devolución de ingresos indebidos correspondiente a la autoliquidación número REFERENCIA_1 , dado que la finalidad de la constitución de la propiedad horizontal es organizar y administrar los elementos y zonas comunes de las distintas comunidades existentes, sin ejercicio de actividad económica alguna. A juicio de la entidad no concurre el requisito de cantidad o cosa valuable . Junto con el escrito de rectificación aportó la siguiente documentación: Escritura de apoderamiento autorizada por la notaria … el día 30 de julio de 2019, protocolo número PROTOCOLO_3. Escritura de revocación y apoderamiento autorizada por la misma notaria el día 31 de enero de 2022, protocolo número PROTOCOLO_4. Escritura de constitución de propiedad horizontal compleja, reserva del derecho de vuelo, declaración de obra nueva y división en propiedad horizontal, autorizada por el notario … el día 26 de mayo de 2022, protocolo número PROTOCOLO_1. Copia de la autoliquidación modelo 600 con número de justificante REFERENCIA_1 , por la modalidad de AJD del ITPAJD, en la que la contribuyente declara una base imponible de 84.281.311,98 euros e ingresa una cuota de 1.264.219,68 euros. Escritura de rectificación de otra anterior autorizada por el notario … el día 18 de noviembre de 2024, protocolo número PROTOCOLO_2 . Resolución vinculante número V1185-24, emitida el día 23 de mayo de 2024 por la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda en respuesta a la consulta planteada por la interesada. Certificado de titularidad bancaria a nombre de la contribuyente. Con fecha 14 de febrero de 2025 se notificó electrónicamente a la sociedad propuesta de resolución desestimatoria. Con fecha 7 de marzo de 2025 la entidad presentó escrito de alegaciones contra la propuesta en el que manifiesta que, por economía procesal, se ratifica en las alegaciones formuladas en el escrito de rectificación, destacando que la rectificación se efectuó mediante escritura pública y que, por tanto, la Administración debe devolver el importe ingresado indebidamente. En este sentido, manifiesta que las escrituras de rectificación de errores tienen los efectos que su propio nombre indica, es decir, corregir los errores producidos en la escritura rectificada. Alega nuevamente que la escritura de rectificación subsana un error cometido de forma involuntaria. Invoca la Sentencia del Tribunal Supremo 110/2015, en la que el Tribunal, en relación con una renuncia a la exención del IVA, acepta la rectificación de una escritura pública. Con fecha 25 de marzo de 2025 fue dictada resolución desestimatoria de la solicitud de rectificación. La Administración considera que la escritura de constitución de propiedad horizontal compleja reúne todos los requisitos exigidos por el artículo 31.2 del Texto Refundido del ITPAJD para quedar sujeta a la cuota variable de Actos Jurídicos Documentados, al tratarse de un acto formalizado en escritura pública, inscribible en el Registro de la Propiedad, no sujeto a otras modalidades del impuesto y que contiene una valoración económica expresa de 84.281.311,98 euros. Asimismo, entiende que la consulta vinculante invocada por la entidad no resulta aplicable al caso, por haberse emitido con posterioridad al hecho imponible y porque en su planteamiento no se hizo constar la existencia de dicha valoración económica. Por otro lado, la Administración rechaza que la escritura de rectificación otorgada en noviembre de 2024 constituya la mera subsanación de un error material o involuntario. Razona que la valoración consignada en la escritura original era de cuantía muy elevada, que la propia entidad presentó e ingresó la correspondiente autoliquidación por AJD y que la rectificación se produjo dos años y medio después del otorgamiento de la escritura inicial, circunstancias que evidencian, a su juicio, que no se trataba de un simple error de redacción. En consecuencia, concluye que la operación estaba correctamente gravada por AJD desde su formalización, que la posterior escritura de rectificación no altera la tributación inicialmente devengada. Quinto.- Con fecha 12/04/2025 tuvo entrada en este Tribunal la presente reclamación económico-administrativa interpuesta el 02/04/2025. Tras la puesta de manifiesto del expediente la entidad presentó escrito de alegaciones en el que solicita la anulación de la resolución de la Agencia Tributaria de Cataluña que desestimó su solicitud de rectificación de autoliquidación y devolución de ingresos indebidos. Alega que el valor atribuido en la escritura de constitución de 26 de mayo de 2022 a la constitución de una propiedad horizontal compleja, por importe de 84.281.311,98 euros, obedeció a un error involuntario que fue posteriormente subsanado mediante escritura pública de rectificación otorgada el 18 de noviembre de 2024. Como primera alegación, sostiene que no concurre uno de los requisitos exigidos por el artículo 31.2 del Texto Refundido del ITPAJD para la tributación por la cuota variable de AJD, concretamente el requisito de que la escritura tenga por objeto cantidad o cosa valuable . Como segunda alegación, defiende el carácter vinculante de la consulta V1185-24 de la Dirección General de Tributos. Finalmente, con carácter subsidiario, plantea la posible nulidad de la autoliquidación presentada el 8 de junio de 2022 al considerar que incurriría en un supuesto de contenido imposible, dado que gravó una operación que, según sostiene, no constituía hecho imponible de AJD. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero.- Este Tribunal es competente para dictar la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), así como en el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa (RGRVA), aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. No concurre ninguna de las causas de inadmisibilidad previstas en el artículo 239.4 de la LGT. Segundo.- Este Tribunal debe pronunciarse respecto a lo siguiente: La conformidad a Derecho de la resolución desestimatoria de la solicitud de rectificación de autoliquidación y devolución de ingresos indebidos dictada por la Agencia Tributaria de Cataluña. Tercero.- Como primera alegación, la entidad reclamante sostiene que no concurre uno de los requisitos exigidos por el artículo 31.2 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (TRLITPAJD) para la tributación por la cuota variable de Actos Jurídicos Documentados, concretamente el requisito de que la escritura tenga por objeto cantidad o cosa valuable . Afirma que la constitución de la propiedad horizontal compleja se limitaba a establecer normas de funcionamiento y administración de los elementos comunes, sin atribuir derechos con contenido económico autónomo, por lo que carecía de contenido valuable . En apoyo de su pretensión invoca la consulta vinculante V1185-24, de 23 de mayo de 2024, de la Dirección General de Tributos, consulta formulada por la entidad reclamante, conforme a la cual la constitución de una propiedad horizontal compleja y la creación de subcomunidades no constituyen hechos imponibles del impuesto cuando se limitan a fijar reglas de administración. Asimismo, considera errónea la interpretación efectuada por la Administración al entender que dicha consulta carece de eficacia vinculante por haber sido formulada fuera del plazo previsto en el artículo 88.2 de la LGT. La reclamante sostiene que dicho precepto no contempla tal consecuencia jurídica y, en todo caso, que la consulta fue formulada dentro del plazo de cuatro años previsto para el ejercicio del derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos, por lo que la Administración no puede apartarse de forma unilateral del criterio expresado por la Dirección General de Tributos. Además de lo anterior, sostiene que la valoración consignada en la escritura de 26 de mayo de 2022 obedeció a un error de derecho derivado de la confusión entre las distintas convenciones formalizadas en la misma escritura, algunas sujetas a tributación y otras no, error que, a su juicio, no vincula al contribuyente y que puede ser rectificado. Añade que ni la elevada cuantía de la valoración ni el tiempo transcurrido hasta su rectificación impiden la corrección del error, al encontrarse la solicitud dentro del plazo legal de cuatro años previsto para instar la rectificación de autoliquidaciones y la devolución de ingresos indebidos. También rechaza la aplicación al caso de la doctrina invocada por la Administración procedente de resoluciones del TEAC y del Tribunal Supremo, por entender que los supuestos analizados en dichas resoluciones difieren sustancialmente del presente. Cuarto.- El artículo 31.2 del TRLITPAJD establece que: Las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto cantidad o cosa valuable , contengan actos o contratos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil, de la Propiedad Industrial y de Bienes Muebles no sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o a los conceptos comprendidos en los números 1 y 2 del artículo 1 de esta Ley, tributarán, además, al tipo de gravamen que, conforme a lo previsto en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, haya sido aprobado por la Comunidad Autónoma. Si la Comunidad Autónoma no hubiese aprobado el tipo a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará el 0,50 por 100, en cuanto a tales actos o contratos. De dicho precepto resulta que la sujeción a la cuota gradual de la modalidad Actos Jurídicos Documentados exige la concurrencia de los siguientes requisitos: 1. Que se trate de la primera copia de una escritura pública o acta notarial. 2. Que tenga por objeto cantidad o cosa valuable . 3. Que contenga actos o contratos inscribibles en el Registro de la Propiedad, Mercantil, de la Propiedad Industrial o de Bienes Muebles. 4. Que el acto o contrato no esté sujeto a las modalidades de Transmisiones Patrimoniales Onerosas u Operaciones Societarias del ITPAJD, ni al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Por su parte, el artículo 553-50 de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto del Código Civil de Cataluña, relativo a los derechos reales, regula la constitución de la propiedad horizontal compleja, disponiendo: 1. La propiedad horizontal compleja se constituye inicialmente como una sola comunidad con subcomunidades o bien como una agrupación de varias comunidades. En este último caso, pueden otorgar el título los propietarios únicos de los diferentes inmuebles o los presidentes de las respectivas comunidades autorizados por un acuerdo previo de cada junta. 2. El título de constitución debe constar en una escritura pública que debe describir: a) El complejo inmobiliario en conjunto. b) Cada uno de los elementos privativos que lo componen, con la indicación de la subcomunidad de la que forman parte y de la cuota de participación general y particular. c) Los viales, las zonas ajardinadas y de recreo y los demás servicios y elementos comunes del complejo. 3. El régimen de la propiedad horizontal compleja se inscribe en el Registro de la Propiedad de acuerdo con la legislación hipotecaria, mediante una inscripción general en folio propio para la propiedad horizontal compleja y, además, en otro folio propio para cada subcomunidad y cada elemento privativo. En el presente supuesto no existe controversia respecto de la concurrencia de los requisitos relativos a la formalización de en escritura pública, su acceso al Registro de la Propiedad y la no sujeción a las restantes modalidades impositivas. La discrepancia entre las partes se circunscribe exclusivamente a determinar si concurre el requisito consistente en que la escritura tenga por objeto cantidad o cosa valuable . Quinto.- En relación con esta cuestión, la Dirección General de Tributos, en su consulta vinculante V1185-24, de 23 de mayo de 2024 (consulta planteada por la entidad reclamante), recuerda el criterio ya mantenido en las consultas V1511-07, de 5 de junio, V3632-15, de 10 de agosto y V0776-21, de 12 de marzo, conforme al cual la constitución de una propiedad horizontal compleja que se limita a establecer normas de organización y administración de los elementos comunes no reúne el requisito de tener por objeto cantidad o cosa valuable , por lo que no queda sujeta a la cuota gradual de Actos Jurídicos Documentados recogiendo lo siguiente: - Constitución de una propiedad horizontal compleja y creación de subcomunidades. La aplicación de los anteriores preceptos a la cuestión planteada ya ha sido objeto de examen por este centro directivo en diversas resoluciones, como las consultas vinculantes V1511-07, de 5 de junio, V3632-15, de 10 de agosto y V0776-21, de 12 de marzo, cuyos postulados permanecen plenamente vigentes por no haber sido modificados desde entonces los preceptos referidos en ellas. A continuación, se expone un resumen de las principales conclusiones de dichas consultas: Primera: La constitución de una comunidad de propietarios o de entidad que agrupe varias comunidades de propietarios (mancomunidad), con la finalidad de organizar y administrar los elementos y las zonas comunes de las distintas comunidades de propietarios existentes y sin ejercicio de ninguna actividad económica, no está sujeta a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del ITPAJD, porque, en tanto la constitución de la mancomunidad se limite al establecimiento de normas de gestión y administración de elementos comunes, no supone transmisión patrimonial alguna. Segunda: La constitución de dichas entidades en cuestión tampoco constituye hecho imponible de la modalidad operaciones societarias del ITPAJD, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.4 del texto refundido de la Ley del impuesto, por tratarse de una comunidad de bienes que no realizará actividad empresarial. Tercera: En cuanto a la posible tributación de la escritura pública en que se formalice dicha constitución por la cuota variable de actos jurídicos documentados, documentos notariales, dependerá de la concurrencia de los requisitos exigidos en el artículo 31.2 del texto refundido de la Ley del impuesto para determinar la sujeción por dicho concepto. Sí concurre el requisito de ser una primera copia de escritura notarial, también cumple el requisito de ser inscribible y el requisito de no sujeción del contenido de la escritura por alguno de los otros conceptos del impuesto transmisiones patrimoniales onerosas y operaciones societarias , en los términos antes vistos; sin embargo, no concurre el requisito de que la escritura deba tener por objeto cantidad o cosa valuable , pues al limitarse a meras normas o reglas de administración en nada se modifica el contenido o el ámbito de la propiedad de los titulares de los pisos individuales con relación a la situación anterior a la existencia de la mancomunidad . En consecuencia, no se origina tributación alguna por la cuota variable del documento notarial de Actos Jurídicos Documentados. Sin necesidad de pronunciarnos sobre la eficacia vinculante de dicha consulta en el presente procedimiento, lo cierto es que el criterio interpretativo que contiene coincide con el anteriormente expuesto: cuando la escritura se limita a establecer reglas de administración sin atribuir contenido económico al acto documentado, no concurre el requisito previsto en el artículo 31.2 del TRLITPAJD relativo a la existencia de cantidad o cosa valuable . Ahora bien, ese no es el supuesto que aquí concurre. En efecto, como pone de manifiesto la Agencia Tributaria de Cataluña, este Tribunal, en resolución de 15 de septiembre de 2016 (RG: 00-0976-2014), estableció como criterio que cuando la escritura de constitución de un complejo inmobiliario privado no se limita a establecer meras normas o reglas de administración, sino que contiene además una valoración expresa de la nueva comunidad agrupada, se cumplen todos los requisitos exigidos en el artículo 31.2 del Texto Refundido del Impuesto para considerar la constitución del complejo inmobiliario escriturada como una operación sujeta a la cuota gradual de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados. Dicho criterio fue expresamente confirmado por el Tribunal Supremo en su sentencia de 15 de julio de 2020 (Rec. cas. 415/2018) donde el Alto Tribunal destaca lo siguiente: "Es verdad que sorprende que la propia resolución del TEAR se aparte, en relación con el requisito de que la escritura tenga por objeto cantidad o cosa valuable , de las consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos V1511-07 y V0245-12, en las que se afirma que en las escrituras de constitución de complejo inmobiliario privado sobre las que se pronuncia dicho órgano no concurre el requisito de que la escritura tenga por objeto cantidad o cosa valuable , pues al limitarse a meras normas o reglas de administración en nada se modifica el contenido o el ámbito de la propiedad de los titulares de los pisos individuales con relación a la situación anterior a la existencia del complejo inmobiliario. En consecuencia, la escritura de constitución de un complejo inmobiliario privado al amparo del artículo 24.2.b) de la Ley de Propiedad Horizontal no origina tributación alguna por la cuota variable del documento notarial de Actos Jurídicos Documentados’. Sin embargo, en el presente caso la propia resolución del TEAC y la sentencia recurrida ponen de manifiesto que no estamos ante un precedente sin efecto jurídico alguno, sino que la escritura otorgada por la reclamante no se limita a establecer meras normas o reglas de administración, sino que contiene una valoración expresa de la promoción inmobiliaria que se declara. Por ello hay que concluir, confirmando el criterio de la Administración y de la Sala de instancia, que en el presente caso se cumplen todos los requisitos exigidos en el artículo 31.2 del Texto Refundido para considerar la constitución del complejo inmobiliario privado escriturada como operación sujeta a la cuota gradual de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados del Impuesto." El Tribunal Supremo, tras recordar el criterio mantenido por la Dirección General de Tributos para aquellos supuestos en que la escritura únicamente contiene normas de administración, concluye que tal doctrina no resulta aplicable cuando la propia escritura incorpora una valoración económica del acto documentado, afirmando que en tales casos concurren todos los requisitos exigidos por el artículo 31.2 del TRLITPAJD para la sujeción a la cuota gradual de Actos Jurídicos Documentados. Aunque el supuesto analizado por el Tribunal Supremo se refería a la constitución de un complejo inmobiliario privado y no a una propiedad horizontal compleja, la identidad de razón resulta evidente. En ambos casos, la cuestión controvertida consiste en determinar si la escritura se limita a establecer reglas de organización y administración o si, por el contrario, incorpora una valoración económica del acto documentado que le confiere contenido valuable . Pues bien, en el presente caso consta expresamente en la página 13 de la escritura pública de 26 de mayo de 2022 la siguiente manifestación: "Se valora fiscalmente la Propiedad Horizontal Compleja en la cantidad de OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (84.281.311,98 €)." En consecuencia, la escritura no se limita a establecer normas de funcionamiento o administración de la propiedad horizontal compleja, sino que incorpora una valoración económica expresa del acto documentado, circunstancia que determina la concurrencia del requisito de que la escritura tenga por objeto cantidad o cosa valuable , en los términos exigidos por el artículo 31.2 del TRLITPAJD y de conformidad con la doctrina de este Tribunal y del Tribunal Supremo. Por todo ello, no procede estimar la solicitud de devolución de ingresos indebidos, al concurrir en la escritura de 26 de mayo de 2022 todos los requisitos legalmente exigidos para su sujeción a la cuota gradual de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados. Sexto.- Procede también analizar la eficacia de la escritura de rectificación otorgada el 18 de noviembre de 2024 respecto de la escritura pública de 26 de mayo de 2022. La entidad recurrente sostiene que, por un error involuntario, la escritura de 26 de mayo de 2022 atribuyó contenido a la constitución de la propiedad horizontal compleja, razón por la cual fue posteriormente rectificada mediante escritura de 18 de noviembre de 2024. Afirma que dicha rectificación tuvo por objeto subsanar el error padecido, al haberse asignado un valor fiscal a una convención que, a su juicio, carecía de contenido económico. Frente a ello, la Agencia Tributaria de Cataluña pone de manifiesto que entre el otorgamiento de ambas escrituras transcurrieron aproximadamente dos años y seis meses, lapso temporal que considera difícilmente conciliable con la existencia de un mero error material o involuntario susceptible de rectificación. En apoyo de esta conclusión cita la sentencia del Tribunal Superior de Justifica de Cataluña de 20 de septiembre de 2018 (recurso n.º 695/2018), en la que se razona lo siguiente: En efecto, la escritura pública denominada de "aclaración y rectificación", es de fecha 1 de junio de 2010, esto significa que separan ambas escrituras nada menos que un año y algo más de un mes, un tiempo que parece excesivo para una rectificación . (...) Asimismo, dicha sentencia destaca que la alegación de error resultaba poco verosímil habida cuenta de que en el otorgamiento de la escritura inicial intervinieron todas las partes afectadas, la entidad financiera y el notario autorizante, quien dio lectura íntegra al instrumento público antes de su firma. En el presente caso concurre una circunstancia aún más significativa, pues el tiempo transcurrido entre la escritura originaria y la de rectificación supera ampliamente el considerado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como excesivo para apreciar la existencia de una verdadera rectificación. Si bien el mero transcurso del tiempo no constituye, por sí solo, un elemento determinante para negar eficacia a una escritura de subsanación, sí constituye un relevante indicio que, valorado conjuntamente con el resto de las circunstancias concurrentes, resta credibilidad a la tesis de que la escritura de 18 de noviembre de 2024 respondiera exclusivamente a la corrección de un error involuntario padecido al tiempo del otorgamiento de la escritura de 26 de mayo de 2022. En consecuencia, este Tribunal considera procedente confirmar la conclusión alcanzada por la Administración en la resolución impugnada. Séptimo.- Finalmente, con carácter subsidiario, la entidad recurrente plantea la posible nulidad de pleno derecho de la autoliquidación presentada el 8 de junio de 2022, al considerar que incurriría en el supuesto previsto en el artículo 217.1.c) de la LGT, por tratarse, a su juicio, de un acto de contenido imposible, al haber gravado una operación que, según sostiene, no constituía hecho imponible de AJD. Aduce que existe una corriente doctrinal que admite la revisión de autoliquidaciones por la vía de la nulidad de pleno derecho y señala que esta cuestión se encuentra pendiente de pronunciamiento por el Tribunal Supremo. El artículo 217 de la LGT establece lo siguiente: 1. Podrá declararse la nulidad de pleno derecho de los actos dictados en materia tributaria, así como de las resoluciones de los órganos económico-administrativos, que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los siguientes supuestos: (...) c) Que tengan un contenido imposible. Del tenor literal del precepto se desprende que el procedimiento especial de revisión de nulidad de pleno derecho se circunscribe a los actos dictados por la Administración tributaria y a las resoluciones de los órganos económico-administrativos, sin que comprendan las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios. En efecto, conforme al artículo 120.1 de la LGT: 1. Las autoliquidaciones son declaraciones en las que los obligados tributarios, además de comunicar a la Administración los datos necesarios para la liquidación del tributo y otros de contenido informativo, realizan por sí mismos las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para determinar e ingresar el importe de la deuda tributaria o, en su caso, determinar la cantidad que resulte a devolver o a compensar. Así pues, la autoliquidación constituye un acto del propio obligado tributario y no un acto administrativo dictado por la Administración en el ejercicio de sus potestades de aplicación de los tributos. En consecuencia, no resulta susceptible de nulidad de pleno derecho regulado en el artículo 217 de la LGT, previsto exclusivamente para los actos administrativos y las resoluciones económico-administrativas a que dicho precepto se refiere. Por ello, debe rechazarse la pretensión formulada por la entidad recurrente al amparo del artículo 217 de la LGT. Por lo expuesto, Este Tribunal Económico-Administrativo acuerda DESESTIMAR la presente reclamación, confirmando el acto impugnado.