Inicio del procedimiento de comprobación de valores. Efecto iniciador de la solicitud por parte de la Administración tributaria del informe de valoración. Dies a quo para el cómputo del plazo: fecha de la petición del informe si no consta la fecha de la emisión.
Criterios
Criterio 1
En aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo (Sentencia de 1 de marzo de 2024, recurso de casación núm. 7146/2022), desde el momento en que la Administración solicita un dictamen de peritos para verificar el valor del bien debe entenderse iniciado el procedimiento de comprobación de valores.
Normas citadas
- Ley 58/2003 General Tributaria LGT
Texto íntegro de la resolución(expandir)
Tribunal Económico-Administrativo Central SALA CUARTA FECHA: 29 de septiembre de 2026 PROCEDIMIENTO: 00-03099-2025-00 CONCEPTO: IMP. TRANSM. PATRIM. Y ACTOS JURÍD. DOCUM. ITP-AJD NATURALEZA: RECURSO ORDINARIO DE ALZADA RECURRENTE: …, S.A.U. – A… REPRESENTANTE: … - … En MADRID, se ha constituido el Tribunal como arriba se indica, para resolver el recurso de alzada de referencia. Se ha visto el presente recurso de alzada contra la resolución parcialmente estimatoria de fecha 25 de febrero de 2025 dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía (RG: 41-01138-2024) relativa al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. ANTECEDENTES DE HECHO Primero.- El día 31/03/2025 tuvo entrada en este Tribunal el presente recurso de alzada, interpuesto el 31/03/2025 contra la resolución parcialmente estimatoria de fecha 25 de febrero de 2025 dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía en el expediente de reclamación 41-01138-2024 por el que se anula el acuerdo de liquidación relativo al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 01…710 dictado por la Agencia Tributaria de Andalucía. Segundo.- En dicha resolución se exponen los siguientes Antecedentes de Hecho sobre los que no hay controversia: "El documento sobre el que se practica liquidación es copia de la escritura notarial de compraventa de una nave industrial, otorgada el 31 de octubre de 2019, autorizada por el notario D. …, para el núm. … de su protocolo. El precio consistió en la cantidad de 7.996.800 euros y el adquirente presentó, junto al citado documento, declaración-liquidación sobre la base antes citada, ingresando en la Oficina gestora 788.680 euros por la transmisión. Iniciado procedimiento de comprobación de valores la Administración practicó liquidación tributaria sobre un valor comprobado de 13.572.623,79 euros. Contra el acuerdo anterior, se interpuso reclamación económico-administrativa 41-01138-2024 mediante escrito presentado el día 25/01/2024, que tuvo entrada en el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía el 23/02/2024, en el que se solicita la anulación del acto impugnado al alegar lo que estimó conveniente a su defensa." Tercero.- Con fecha de 31/03/2025 fue dictada resolución por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía por la que se estima parcialmente la reclamación por falta de motivación de la comprobación de valores ordenando retroacción de actuaciones y se desestima el resto. Dicha resolución fue notificada el 2 de marzo de 2025. Cuarto.- Con fecha de 31/03/2025 fue interpuesto el presente recurso de alzada en el que la parte recurrente expone que la liquidación impugnada es contraria a derecho pues el procedimiento de comprobación de valores del cual dimana ha caducado. Señala también que como consecuencia de la caducidad del procedimiento, se ha producido la prescripción del derecho de la administración para dictar una nueva liquidación. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero.- Este Tribunal es competente para dictar la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), así como en el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa (RGRVA), aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. No concurre ninguna de las causas de inadmisibilidad previstas en el artículo 239.4 de la LGT y se cumplen, en especial, los requisitos de cuantía previstos en la Disposición Adicional decimocuarta de la LGT y el artículo 36 del RGRVA. Segundo.- Este Tribunal debe pronunciarse respecto a lo siguiente: Si se ha producido la caducidad del procedimiento tramitado con la consiguiente prescripción del derecho de la Administración a liquidar el impuesto. Tercero.- Sobre esta cuestión se pronuncia el Tribunal Regional en la resolución objeto del presente recurso de alzada señalando lo siguiente: CUARTO.- En este caso, consta que el procedimiento se inició el 19 de septiembre de 2023, con la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento y requerimiento, estando, asimismo, acreditado que la Administración notificó el 17 de enero de 2024 la liquidación que el ultimó el procedimiento incoado; luego, como quiera que entre ambas fechas no transcurre el susodicho plazo de seis meses sin que conste indicación alguna respecto a dilaciones no imputables a la Administración o a interrupciones justificadas debidamente documentadas en el curso de las actuaciones, hemos de concluir considerando que el procedimiento que nos ocupa no había caducado cuando se notificó la liquidación que ultimó el procedimiento. A estos efectos, no puede tener favorable acogida la pretensión anulatoria aducida por la actora pues, aún cuando el criterio establecido por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en su Sentencia núm. 841/2018, de 23 de mayo, en el recurso de casación núm. 666/2017 (RJ 2018/2389), así como la reciente Sentencia núm. 363/2024, de 1 de marzo, en el recurso 7146/2022, invocada por la actora, sitúa el momento del cómputo del plazo de caducidad en el momento en que la Administración solicita la elaboración del dictamen de valoración, en nuestro caso lo único que obra en el expediente administrativo enviado es un informe emitido el 6 de junio de 2023 por el Jefe del Servicio de Valoración sobre el cálculo del valor medio de las transmisiones efectuadas en el año 2019, delimitado por el código postal CÓDIGO POSTAL_1 en la provincia de PROVINCIA_1 para nave industrial, que en sí motiva la iniciación del procedimiento de comprobación de valores pero que no responde propiamente a la solicitud por parte de la Administración de la elaboración del dictamen de valoración. Dictamen, que en nuestro caso, fue suscrito por el perito de la Administración el 17 de noviembre de 2023 y, por tanto, con posterioridad a la comunicación de inicio del procedimiento. El Tribunal Regional considera que el informe que consta en el expediente no tiene la consideración de solicitud de elaboración del dictamen de valoración, por lo que no puede dar lugar a que el procedimiento se considere iniciado en dicha fecha. Por lo tanto, el Tribunal Regional considera que la iniciación se produce con la notificación del acuerdo de inicio y que, por consiguiente, el procedimiento se ha tramitado en plazo no habiéndose producido caducidad, ni tampoco prescripción. Cuarto.- La entidad recurrente, en su escrito de alegaciones, sostiene que el procedimiento de comprobación de valores debe considerarse iniciado no en la fecha de la comunicación formal de inicio notificada el 19 de septiembre de 2023, sino desde el momento en que la Administración solicitó al Servicio de Valoración la elaboración del informe utilizado para fundamentar la comprobación. Invoca la doctrina fijada por la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 363/2024, de 1 de marzo, según la cual la solicitud de un dictamen pericial para verificar el valor de un inmueble constituye ya una actuación propia del procedimiento de comprobación de valores y determina su inicio a efectos del cómputo del plazo máximo de duración. Expone que en el expediente consta un informe de valoración de fecha 6 de junio de 2023 elaborado por el Jefe del Servicio de Valoración de la Agencia Tributaria de Andalucía, pero no consta la fecha en que dicho informe fue solicitado ni el documento que motivó su elaboración. A juicio de la recurrente, las circunstancias concurrentes permiten concluir que dicho informe fue elaborado específicamente para justificar la comprobación del valor declarado en la transmisión objeto del expediente, por lo que, al menos, debe considerarse que el procedimiento se inició materialmente en la fecha de emisión de dicho informe, esto es, el 6 de junio de 2023. Partiendo de esa fecha de inicio, la recurrente afirma que el procedimiento finalizó con la notificación de la liquidación provisional el 17 de enero de 2024, habiendo transcurrido un plazo superior a los seis meses legalmente previstos para la tramitación del procedimiento de comprobación de valores. En consecuencia, entiende que el procedimiento había caducado y que, conforme al artículo 104.5 de la LGT, dicha actuación no produjo efectos interruptivos de la prescripción. Por ello, solicita que se declare la nulidad de la liquidación impugnada por haber sido dictada en el seno de un procedimiento caducado y, dado el tiempo transcurrido desde el devengo del tributo, que se reconozca asimismo la prescripción del derecho de la Administración para practicar una nueva liquidación. Quinto.- Sobre esta cuestión se ha pronunciado el Tribunal Supremo en Sentencia de 1 de marzo de 2024 (Recurso de casación núm. 7146/2022) por la cual se aclara el carácter iniciador del procedimiento de comprobación de valores de la solicitud de un dictamen pericial por la Administración Tributaria a través de una de las unidades de la misma Administración y de forma previa al inicio formal del procedimiento de comprobación. Se determina lo siguiente en su Fundamento de Derecho Séptimo: "La cuestión de interés casacional suscitada es semejante a la planteada en el auto de 30 de marzo de 2022 ( rec. cas. 5968/2021), a que hace referencia la sentencia objeto del presente recurso. Esta cuestión fue resuelta en las sentencias de esta Sala y Sección del Tribunal Supremo 295/2023, 296/2023, 297/2023 y 298/2023, de 8 de marzo ( rec. 5810/2021; rec. 5955/2021; rec. 5968/2021- y rec. 5970/2021, respectivamente), así como en la STS 721/2023, de 29 de mayo de 2023 ( rec. 6746/2021) en las que se desestiman pretensiones idénticas del Principado de Asturias, contra las sentencias del TSJ de Asturias que, en aquellos litigios, declararon la caducidad de los procedimientos de comprobación limitada en las que también se planteó si actuaciones de comprobación de valores sobre bienes que radiquen fuera de su territorio de la Administración tributaria competente, realizadas mediante colaboración solicitada a los servicios de gestión tributaria de otras Comunidades Autónomas, comportan la iniciación del procedimiento. En dichas sentencias, se fijó como doctrina jurisprudencial que la actuación administrativa con trascendencia "ad extra" como es la solicitud de comprobación de valores cursada a otra Administración, excede del propio ámbito interno de la Administración actuante, y tiene el carácter de acto iniciador del procedimiento, en este caso de comprobación limitada. Y se precisó que estas conclusiones se limitaban a los casos examinados donde la solicitud de informe se había cursado a otra Administración diferente, y no deberían ser trasladadas miméticamente a otros casos, los más frecuentes por otra parte, en los que la actuación de la Administración se produce en su propio ámbito interno, por el procedimiento de comprobación de valores, lo que requería, dijimos entonces, de un examen específico de lo dispuesto en el art. 134.1º, segundo párrafo LGT, que establece que el procedimiento de comprobación de valores se podrá iniciar mediante una comunicación de la Administración actuante o, cuando cuente con datos suficientes, mediante la notificación de la propuesta de liquidación y valoración a que se refiere el apartado 3 de este artículo. En este litigio se nos plantea una situación análoga a la entonces examinada, si bien la actuación de la Administración se produce en su ámbito interno, mediante la solicitud de un dictamen de perito de la Administración, en fecha que no consta, pero muy anterior en el tiempo al de la notificación de la iniciación del procedimiento con la propuesta de liquidación, realizada el 26 de marzo de 2012, sobre la base del dictamen emitido por el perito de la Administración el 22 de julio de 2011. (...) Por tanto, desde que la Administración tributaria solicita un informe de valoración a través de una de sus unidades, donde se encuadra el perito que emite el dictamen, se realizan actuaciones para comprobar el valor de los bienes inmuebles y, en consecuencia, se ha iniciado el procedimiento de comprobación de valores, sin que pueda producirse un diferimiento del efecto iniciador, a efectos del cómputo del plazo de caducidad del procedimiento, a la fecha de otro acuerdo, este formal, de incoación y propuesta de liquidación. Ciertamente la Administración podrá notificar conjuntamente la propuesta de liquidación y la valoración, posibilidad contemplada en el art. 134.1 LGT, si dispone de los datos necesarios para ello, pero no podrá practicar primero la comprobación que se deja pendiente de poner en conocimiento del interesado hasta que la Administración estime oportuno incoar el procedimiento, eludiendo así el cumplimiento del plazo para resolver. No tendría sentido , ya se ha dicho, que si la solicitud de informe no se produjera dentro del procedimiento, que el art. 103 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, de actuaciones tributarias, se atribuya a tal actuación el efecto de interrupción justificada del procedimiento, por todo el periodo transcurrido desde la remisión de la petición hasta que el órgano competente reciba los dictámenes. Si hay interrupción justificada es, simplemente, porque está dentro de procedimiento, pues en otro caso, resultaría indiferente a efectos del plazo máximo de duración de los procedimientos. Por consiguiente, establecemos como doctrina jurisprudencial que desde que solicita un dictamen de peritos para verificar el valor del bien, la Administración ha iniciado un procedimiento de comprobación de valores, y en ese momento se deberá notificar la incoación al interesado. Ello no impide que la Administración deba motivar ese acuerdo de inicio del procedimiento de comprobación para el cual se solicita el dictamen de peritos, pues las propias razones que hayan llevado a la Administración a considerar necesario ese dictamen deben de ser expuestas en el acuerdo de iniciación como motivación, que deberá ser la adecuada a esos efectos, en los términos requeridos en la jurisprudencia de esta Sala (STS de 23 de enero de 2023, rec. cas. 1381/2021, entre otras)." Así las cosas, el Tribunal Supremo ha fijado como doctrina jurisprudencial que desde el momento en que la Administración solicita un dictamen de peritos para verificar el valor del bien, debe entenderse iniciado el procedimiento de comprobación de valores. Ello obedece a que dichas actuaciones han de tener un cauce procedimental y en ese momento se deberá notificar la incoación del procedimiento al interesado. En tal sentido, en palabras del Alto Tribunal, desde que la Administración Tributaria solicita el dictamen a través de una de sus unidades, donde se encuadra el perito que emite el dictamen, se están realizando actuaciones para comprobar el valor de los bienes inmuebles y, en consecuencia, se ha iniciado el procedimiento sin que pueda producirse un diferimiento del efecto iniciador, a efectos del cómputo del plazo de caducidad del procedimiento, a la fecha de otro acuerdo, este formal, de incoación y propuesta de liquidación. En el presente caso, el expediente no incorpora una solicitud de dictamen pericial en sentido estricto, sino documento denominado "CÁLCULO DEL VALOR MEDIO DE LAS TRANSMISIONES EFECTUADAS DURANTE EL AÑO 2019 EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DELIMITADO POR EL CÓDIGO POSTAL CÓDIGO POSTAL_1 EN LA PROVINCIA DE PROVINCIA_1 PARA NAVE INDUSTRIAL", emitido el 6 de junio de 2023. No obstante, la comunicación de inicio del procedimiento, de 18 de septiembre de 2023, incorpora expresamente dicho estudio y fundamenta en él la necesidad de proceder a la comprobación de valores, indicando lo siguiente: "Según estudio realizado en documento adjunto "CÁLCULO DEL VALOR MEDIO DE LAS TRANSMISIONES EFECTUADAS DURANTE EL AÑO 2019 EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DELIMITADO POR EL CÓDIGO POSTAL CÓDIGO POSTAL_1 EN LA PROVINCIA DE PROVINCIA_1 PARA NAVE INDUSTRIAL", el valor declarado resulta muy inferior al obtenido aplicando a la superficie construida del inmueble el valor medio por metro cuadrado resultante de la media correspondiente a las transmisiones de inmuebles de la misma tipología, año y código postal. Por tanto, es necesario realizar una valoración singular e individualizada del bien mediante el preceptivo dictamen de perito de la administración, conforme al artículo 57.1.e) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE núm. 302, de 18 de diciembre de 2003)." De lo anterior se desprende que dicho estudio no constituye una actuación autónoma o desvinculada de la comprobación de valores, sino una actuación preparatoria directamente encaminada a verificar la adecuación del valor declarado y a determinar la procedencia de acudir al medio de comprobación previsto en el artículo 57.1 e) de la LGT. En otras palabras, el estudio fue elaborado por encargo de la Administración con la finalidad de comprobar preliminarmente el valor declarado y decidir, sobre esa base, la emisión del preceptivo dictamen pericial. En consecuencia, aunque el expediente no contenga la solicitud formal del referido estudio, su propio contenido y la utilización que de él hace la Administración en el acuerdo de inicio permiten concluir que existió una actuación previa de valoración materialmente integrada en la comprobación de valores. Dado que no consta la fecha en que dicho estudio fue solicitado, la única fecha objetivamente acreditada en el expediente es la de su emisión, 6 de junio de 2023, que debe tomarse como dies a quo para el cómputo del plazo máximo de duración del procedimiento, al ser el primer momento documentalmente acreditado en el que la Administración estaba desarrollando actuaciones dirigidas a verificar el valor declarado del inmueble. Esta conclusión es idéntica, como lo es la reflexión que la precede, a la recogida en la resolución de la misma fecha de este Tribunal Central dada para resolver el recurso de alzada 00-2563-2025-00. Sexto.- De lo analizado anteriormente y habiéndose notificado la liquidación provisional en fecha 17 de enero de 2024, es claro que debe concluirse que a esta fecha se ha superado el plazo máximo de seis meses del que estaba dotada la Administración para concluir el procedimiento gestor, habiéndose producido la caducidad del mismo . Una vez concluida la existencia de caducidad en el procedimiento tributario del que resulta la liquidación aquí impugnada, procede analizar las consecuencias jurídicas que de ello se derivan. Ha de acudirse para ello, al artículo 104.5 de LGT que señala lo siguiente: "Producida la caducidad, ésta será declarada, de oficio o a instancia del interesado, ordenándose el archivo de las actuaciones. Dicha caducidad no producirá, por sí sola, la prescripción de los derechos de la Administración tributaria, pero las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción ni se considerarán requerimientos administrativos a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 27 de esta ley. Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento caducado, así como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dicho procedimiento, conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse con posterioridad en relación con el mismo u otro obligado tributario". Lo más trascendente, por ello, es la cuestión referida a la prescripción del derecho de la Administración Tributaria a liquidar el impuesto. Habiéndose declarado la caducidad del procedimiento de gestión tributaria desarrollado para la regularización, todas las actuaciones producidas en el curso del mismo pierden su virtualidad interruptiva del plazo prescrito. Teniendo en cuenta que se trata de un tributo que se devengó el 31 de octubre de 2019 con el otorgamiento de la escritura notarial de compraventa y que el plazo de prescripción del derecho de la Administración a liquidarlo (artículos 66 y 67.1 de la LGT) era de cuatro años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación, siendo tal plazo, en el ámbito del presente impuesto, de treinta días hábiles a contar desde el momento en que se cause el acto o contrato de acuerdo con el artículo 102.1 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, resulta que habiendo perdido su virtualidad interruptiva las actuaciones realizadas en el marco del procedimiento gestor efectuado, ha prescrito el derecho de la Administración a liquidar el tributo. Por lo expuesto, Este Tribunal Económico-Administrativo acuerda ESTIMAR el presente recurso.
Normas citadas
- Ley 58/2003 General Tributaria LGT