Impuesto sobre Sociedades. Aportación no dineraria. Fondo de comercio. Corrección valorativa. Efectos de la valoración contable diferente a la fiscal.
Criterios
Criterio 1
En el marco de una aportación no dineraria, más allá de la mera integración en la base imponible de la transmitente de la diferencia entre el valor de mercado de los bienes aportados y su valor fiscal, lo que se exige es la tributación efectiva por dicha integración para que pueda procederse luego a la conciliación del resultado contable y fiscal contemplada en el actual artículo 20 de la LIS.
Normas citadas
- Ley 27/2014 Impuesto sobre Sociedades
Texto íntegro de la resolución(expandir)
Tribunal Económico-Administrativo Central SALA PRIMERA FECHA: 23 de junio de 2026 PROCEDIMIENTO: 00-07149-2022-00 CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. I.SDES. NATURALEZA: RECLAMACIÓN ÚNICA INSTANCIA GENERAL RECLAMANTE: XZ SPAIN SL – B… REPRESENTANTE: … - … En MADRID, se ha constituido el Tribunal como arriba se indica, para resolver en única instancia la reclamación de referencia, tramitada por procedimiento general. Se ha visto la presente reclamación interpuesta por la interesada contra el acuerdo de liquidación dictado por la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes en relación con el Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 con un importe a ingresar de 994.814,33 euros (888.230,67 euros de cuota y 106.583,66 de intereses de demora). Clave de liquidación acuerdo de liquidación: A28…232 Datos del acta del que deriva dicho acuerdo: A02 - REFERENCIA_1 ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- En fecha 1 de junio de 2020 se iniciaron actuaciones de comprobación por la DCGC de la AEAT en relación con la entidad XZ SPAIN SL (la interesada) mediante notificación de la comunicación de inicio. Las citadas actuaciones tuvieron alcance general, referidas al IS de los ejercicios 2015 a 2018, ambos inclusive (téngase en cuenta que el periodo impositivo de la interesada se extiende desde el 1 de junio hasta el 31 de mayo del ejercicio siguiente). Como resultado de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación, en relación con el Impuesto sobre Sociedades períodos 2015/16/17/18 con alcance general, con fecha 24 de febrero 2022 se han extendido las siguientes actas: - Acta de disconformidad A02- REFERENCIA_2 relativa a las operaciones vinculadas. - Acta de disconformidad A02- REFERENCIA_1 relativa a la totalidad de los elementos regularizados. Vistas las alegaciones formuladas por la interesada, la DCGC notificó a esta sendos acuerdos de liquidación confirmando las propuestas contenidas en las mencionadas actas en fecha 1 de agosto de 2022. SEGUNDO.- Disconforme con estos acuerdos de liquidación, la interesada impugnó ambos ante este TEAC el día 17 de agosto de 2022. Por lo que respecta a la presente reclamación, esta se refiere al acuerdo de liquidación A23 - REFERENCIA_1 relativo a la regularización de aquellos extremos distintos de la valoración de operaciones vinculadas realizadas por la interesada. En particular, la regularización se refiere a: - La improcedencia de los ajustes negativos practicados por la integración de la diferencia de valoración contable y fiscal en relación con el considerado fondo de comercio puesto de manifiesto con ocasión de la aportación no dineraria de parte de los elementos patrimoniales de la Sucursal del socio único de XZ SPAIN SL en favor de esta última. - La improcedencia de la deducibilidad de las retribuciones satisfechas a un miembro del Consejo de Administración. Como motivos de oposición al primer extremo objeto de regularización, y sin perjuicio de su posterior desarrollo, la interesada manifiesta en su escrito de alegaciones que la regularización practicada no es conforme a Derecho pues, a su juicio: - No existe desimposición y en caso de no aceptarse la amortización del fondo de comercio, se estaría sujetando a tributación la misma renta en sede de dos contribuyentes distintos, inaplicando, por tanto, la exención prevista en el CDI para la renta de la actividad de transporte internacional. - Valorar los activos aportados (incluyendo el fondo de comercio) por su valor de mercado en el momento de la aportación era obligatorio de acuerdo con el artículo 17 de la LIS, con independencia del régimen fiscal aplicable a la entidad transmitente. - El registro contable del fondo de comercio no es exigido por el artículo 20 de la LIS. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero.- Este Tribunal es competente para dictar la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), así como en el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa (RGRVA), aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. No concurre ninguna de las causas de inadmisibilidad previstas en el artículo 239.4 de la LGT. Segundo.- Este Tribunal debe pronunciarse respecto a lo siguiente: La conformidad o no a Derecho del acuerdo impugnado. TERCERO.- Como punto de partida, debe indicarse que XZ es un Grupo de logística estadounidense que opera en el mercado de … y ofrece servicios de envío, … y entrega express a nivel internacional. La entidad residente en los Estados Unidos de América TW CORPORATION fue el socio único de la entidad residente en territorio español XZ SPAIN hasta el día 1 de junio de 2017. En dicha fecha se produce la transmisión de la totalidad de las participaciones de la interesada a QR BV, residente en …. Hasta dicha fecha, TW CORPORATION operaba en territorio español a través de TW Corporation Sucursal, que constituía un Establecimiento Permanente en dicho territorio. CUARTO.- Procedencia de los ajustes negativos en base derivados del reconocimiento de un fondo de comercio en la aportación de una rama de actividad por el socio a la interesada Estos ajustes traen causa de que, con fecha 1 de junio de 2017, la entidad residente en los Estados Unidos de América TW Corporation , socio único de la entidad residente en territorio español XZ SPAIN realizó una aportación no dineraria de la práctica totalidad de los elementos patrimoniales del Establecimiento Permanente que la primera tenía en España hasta dicha fecha, TW Corporation Sucursal. A continuación, el socio único vendió XZ SPAIN a una empresa … del Grupo, mediante una serie de transmisiones sucesivas y casi simultáneas. La operación se encuadra en una reestructuración a nivel mundial del Grupo XZ , motivada por la fusión de los Grupos XZ y QR , ambos pertenecientes al sector de la Logística. A juicio de la Inspección, en atención a las circunstancias concurrentes y las explicaciones aportadas por el interesado, existen motivos económicos válidos para la efectuar la aportación no dineraria. Por lo tanto, mientas, con carácter previo a la operación, el negocio del Grupo XZ se desarrollaba en España a través del EP y de la entidad española XZ SPAIN, a partir de 1 de junio de 2017 se va a desarrollar en exclusiva por la entidad XZ SPAIN. La aportación no dineraria incluía todos los elementos patrimoniales del EP a excepción de: una cuenta bancaria (300.000 euros aprox.) y una deuda con una entidad estadounidense del Grupo (3,2 millones de euros aprox.), deuda que asumió el socio único TW Corporation , con carácter previo a la aportación no dineraria. Los elementos patrimoniales aportados eran suficientes para su consideración como una unidad económica autónoma determinante de una explotación económica, es decir, un conjunto capaz de funcionar por sus propios medios. Cumplía, por lo tanto, con la definición de "rama de actividad" contenida en el artículo 76.4 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS). En virtud del artículo 89 de la LIS, la interesada presentó el día 31/08/2017 a la AEAT escrito en el que optaba por no aplicar a la citada operación el régimen FEAC. Posteriormente, el EP consignó en su declaración del IRNR 2017 (periodo impositivo 1 de junio de 2017 a 31 de mayo de 2018) como ajuste positivo a su resultado contable, dentro del apartado "Transmisiones lucrativas y societarias: aplicación del valor de mercado (art. 17.4 LIS), 37.391.340,76 euros, importe que surge de la diferencia entre el valor de mercado y el valor contable de los elementos patrimoniales transmitidos del EP. A su vez, incluía determinados ajustes negativos a su resultado contable, entre ellos y, según el Anexo a la declaración del IS "información adicional de ajustes y deducciones", 37.335.772,55 euros por el concepto "aplicación art.8 convenio para evitar la doble imposición entre España y EEUU ". En este sentido hay que señalar que el EP desarrollaba una actividad consistente en el transporte internacional de mercancías y que, por lo tanto, las rentas correspondientes a dicha actividad (prácticamente la totalidad de las que obtenía) estaban sometidas, en exclusiva, a tributación en el país de residencia, esto es, en EEUU . Todo ello de conformidad con el artículo 8 del Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal respecto de los impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 22 de febrero de 1990, según el cual: << Artículo 8 TRANSPORTE MARÍTIMO Y AÉREO 1. Los beneficios de una empresa de un Estado contratante obtenidos de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional sólo pueden someterse a imposición en ese Estado. (...)>> Por su parte, XZ SPAIN aplicó en su declaración del IS 2017, (periodo impositivo 1 de junio de 2017 a 1 de mayo de 2018) como ajuste negativo a su resultado contable, dentro del apartado "Efectos de la valoración contable diferente a la fiscal (art. 20 LIS)", 1.869.567,04 euros, que es el importe correspondiente a una veinteava parte de 37.391.340,76 euros, importe este último coincidente con el consignado por el EP como ajuste positivo en su declaración de IRNR 2017. Ello se debe a que, a su juicio, se ha generado un fondo de comercio con ocasión de la aportación no dineraria del EP, al superar la valoración dada por la interesada a dicho negocio el valor contable del mismo en el importe señalado de 37.391.340,76 euros, si bien dicho fondo no se ha reconocido contablemente, sino única y exclusivamente a efectos fiscales. El contribuyente XZ SPAIN viene aplicando, desde entonces, en todas sus declaraciones de IS, el citado ajuste negativo a su Base Imponible. A este respecto, resulta pertinente remarcar que en el seno del procedimiento inspector se emitió informe por Unidad de Valoraciones de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI) en relación con la valoración a mercado del importe del Fondo de comercio alegado por la interesada, concluyéndose que no se aprecia una evidencia relevante que le permita llegar a una aproximación de valor para el negocio explotado por la sucursal diferente de la que sostiene la interesada, sin perjuicio de los ajustes a los que a los que se hace referencia en dicho informe de valoración, partiendo del cálculo realizado por la propia interesada. En este sentido, cabe indicar que en las alegaciones de la interesada no se hace objeción alguna a dichos ajustes.. Dicho esto, y por su relevancia a efectos de comprender la cuestión controvertida, debe traerse a colación el siguiente extracto contenido en las páginas 11 y siguientes del acta A02- REFERENCIA_1 : << 3.- La calificación por parte de la Inspección Tributaria: En primer lugar, consideramos que existen motivos económicos válidos para realizar la operación de AND. Ya hemos explicado que se trataba de una reestructuración societaria del Grupo XZ en España que se englobaba en la fusión, a nivel mundial, del Grupo XZ y QR . Cuestión distinta es que el tratamiento fiscal que se haya dado a la operación sea, a nuestro parecer, el correcto. La aportación de una rama de actividad, como calificó la operación el contribuyente en el escrito de 31/08/2017 nos parece pertinente, pues los elementos patrimoniales aportados, sin ser la totalidad de los del EP, sí eran suficientes para desarrollar de forma autónoma una actividad económica, en los términos del art.76.4 de la LIS. Actividad que consistía en un 98% en el transporte postal internacional. Esto último implicaba que la práctica totalidad de las rentas obtenidas por el EP, antes de la AND, sólo podían someterse a imposición en los EEUU , de conformidad con el art.8 del CDI ESP- EEUU . Es evidente, que el obligado tributario, ejerciendo su derecho previsto en el art.89 de la LIS optó por no aplicar el régimen de neutralidad, lo que le llevaba a aplicar el art.17. 4.b ) de la citada Ley y a valorar, a efectos fiscales, los elementos patrimoniales adquiridos por su valor de mercado. Respecto de esta cuestión no hay nada que objetar por parte de este Equipo de Inspección. Coincidimos con el contribuyente y con las consultas de la Dirección General de Tributos (DGT) mencionadas por aquel, en que: renunciar al régimen especial FEAC, conlleva valorar la correspondiente operación con arreglo al citado art.17 de la LIS. Este precepto, en su apartado 5, señala que el transmitente ha de integrar en su base imponible la diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal de los elementos patrimoniales transmitidos. Por lo tanto, el socio único TW Corporation , transmitente o aportante en la operación -una vez aceptado que el Fondo de Comercio existía de forma latente en el EP- había de incluir en su declaración dicha diferencia. Esa diferencia fue incluida por el EP en su declaración IRNR 2017, como un ajuste al resultado contable, bajo la rúbrica "Transmisiones lucrativas y societarias: aplicación del valor de mercado (art. 17.4 LIS)". La Inspección considera que, ya que el precepto aplicado expresamente por el obligado tributario era el art.17 de la LIS, se ha de entender que el sujeto transmitente era la aportante TW Corporation (así como el EP era el "objeto" aportado y XZ Spain, el sujeto adquirente o receptor de la aportación). El EP ha justificado la consignación en su declaración de IRNR de tal diferencia en base al art.16 c) del TRIRNR. "Artículo 16. Rentas imputables a los establecimientos permanentes. 1. Componen la renta imputable al establecimiento permanente los siguientes conceptos: … c) Las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de los elementos patrimoniales afectos al establecimiento permanente" Este artículo parece referirse a la transmisión de los elementos patrimoniales, individualmente considerados, afectos a un EP. Evidentemente, el Fondo de comercio aducido por el contribuyente no era un elemento patrimonial afecto al EP, sino que surge como consecuencia de la transmisión de la práctica totalidad de los elementos patrimoniales del EP (o, dicho de otro modo, del EP), en tanto en cuanto, es el total del negocio el que permite afirmar que su valor de mercado es superior a su valor registrado en la contabilidad o, dicho de otro modo, que existe un Fondo de comercio asociado a dicho negocio. Si los elementos patrimoniales afectos al EP se hubieran transmitido uno a uno, no habría surgido renta alguna, pues su valor de transmisión (valor de mercado) y su valor de adquisición (valor contable) coincidían. Esto no es coherente con el reconocimiento de una renta por el concepto Fondo de comercio, que surge de la transmisión conjunta de un negocio, de un todo. A juicio de este Equipo actuante, la consignación de esa renta por aplicación del art.17 hubiera debido incluirse en la Declaración de impuestos de TW Corporation . No obstante, esta discrepancia no resulta relevante a los efectos finales de la regularización. La razón principal es que tal renta en sede del transmitente, atendiendo a la residencia estadounidense tanto de TW Corporation como del EP y a la naturaleza de sus actividades, solo puede estar sometida a imposición en EEUU de acuerdo con el art.13.5 del CDI ESP- EEUU , sin que España tenga soberanía fiscal sobre esa renta. El citado precepto establece: "Artículo 13. Ganancias de capital. … 5. Las ganancias obtenidas por una Empresa de un Estado contratante en la enajenación de buques, aeronaves o contenedores explotados en tráfico internacional sólo pueden someterse a imposición en ese Estado" Esto es, la renta procedente de la transmisión de los elementos patrimoniales que habían estado afectos al transporte postal internacional (ya se consignara en la declaración de impuestos americana de la transmitente, o en la declaración IRNR del EP) solo podía someterse a tributación en EEUU . Esta renta es la diferencia entre el valor de mercado de los elementos patrimoniales trasmitidos (valorados conjuntamente) y su valor contable (teniendo en cuenta que el valor contable y valor fiscal, al que alude el citado art.17 de la LIS, coinciden). Esta renta es el importe del Fondo de comercio. La aplicación del art.13.5 del CDI ESP- EEUU es alegada por TW Corporation Sucursal en escrito presentado en fecha 28/09/2020, escrito incorporado al expediente administrativo de nuestro contribuyente. A juicio de este Equipo actuante, es procedente la aplicación de tal precepto a la renta que se pone de manifiesto con ocasión de la transmisión del negocio del EP. En resumen, el régimen tributario aplicado en sede del transmitente deriva de la aplicación del art.17.5 de la LIS y el art.13.5 del CDI ESP- EEUU . Por el art.17.5 se reconoce una renta por diferencia entre valor de mercado y valor fiscal de los elementos patrimoniales transmitidos, renta que equivale al importe del Fondo de comercio. Por el art.13.5 del CDI, esta renta solo puede estar sometida a imposición, en su caso, en EEUU . En cuanto a cuál había sido el régimen tributario de esta renta en EEUU , TW Corporation en escrito de fecha 16/03/2021, que obra en el expediente, señalaba lo siguiente: "En aplicación de la normativa doméstica americana aplicable a la fecha de la aportación y, en la medida en la que se trataba de una operación dentro del Grupo mercantil y realizada entre entidades respecto de las que el Grupo habría efectuado la correspondiente elección para tratarlas como disregarded a efectos americanos ( check - the -box election ), la transacción fue considerada como " disregarded " a efectos americanos." Esto significa que, la operación, con arreglo a la normativa doméstica americana, en la medida en que era una operación de reestructuración interna del Grupo XZ , se consideró " disregarded ", lo que literalmente significa "desconocida". La conclusión que obtiene este Equipo de Inspección, es que la mera reorganización interna del Grupo mercantil tenía un efecto neutro en la fiscalidad norteamericana, es decir, ni ponía ni quitaba imposición. Esta conclusión nos parece importante por las razones que se expondrán posteriormente.>> En síntesis, en este extracto del acta de disconformidad que acaba de reproducirse se pone de manifiesto, sin que sean hechos controvertidos para las partes: - Que al tratarse de la aportación de una rama de actividad el resultado de la misma , una vez se había renunciado a la aplicación del régimen FEAC, debió incluirse en la Declaración de TW Corporation y no del EP. No obstante, esta discrepancia no resulta relevante a los efectos finales de la regularización. La razón principal es que tal renta en sede del transmitente, atendiendo a la residencia estadounidense tanto de TW Corporation como del EP y a la naturaleza de sus actividades, solo puede estar sometida a imposición en EEUU de acuerdo con el art.13.5 del CDI ESP- EEUU , sin que España tenga soberanía fiscal sobre esa renta. - Que con arreglo a la normativa doméstica americana, en la medida en que era una operación de reestructuración interna del Grupo XZ , se consideró " disregarded ", lo que literalmente significa "desconocida". Hecha esta aclaración, resulta pertinente resaltar que la Inspección de los Tributos utiliza, en síntesis, los siguientes argumentos para no aceptar los efectos fiscales del fondo de comercio: <<1) Desde una perspectiva interna, su aceptación supone una exención a los beneficios futuros de la entidad durante 20 años, exención o desimposición no admitida por la normativa tributaria. Se aplica de forma indebida el art.20 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para buscar un fin no perseguido por la norma. Del espíritu y del literal del citado precepto no es posible admitir el fondo de comercio desde el punto de vista fiscal, ni para la amortización ni, en su caso, para su baja o transmisión. El contribuyente, con su interpretación normativa, obvia o desconoce el mandato del art.12.2 de la LIS, que establece de forma expresa el régimen de la deducibilidad fiscal del fondo de comercio. Y no es una cuestión meramente formal o contable. Entendemos que, tal y como se configura nuestro articulado en la LIS, se está protegiendo la desimposición pretendida mediante una simple reestructuración interna del Grupo, en el que el socio único aporta parte de sus elementos patrimoniales a su participada a cambio de una mayor participación en el capital. Con buen criterio, esta operación es neutra a efectos fiscales en los EEUU . En nuestra normativa contable, también se da un tratamiento neutro a esta operación. 2) Desde una perspectiva del "Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal respecto de los impuestos sobre la renta", primeramente, no se da la doble imposición alegada. En segundo lugar, existe una clara asimetría en el tratamiento que pretende el contribuyente: mientras en EEUU la operación es neutra, en España se pretende que parte de las rentas obtenidas por XZ Spain no tributen durante 20 años. Se alude, para ello, al art.13.5 del Convenio y a la identidad del fondo de comercio con los beneficios futuros. Se obvia el art.8 del propio Convenio que resultó de aplicación desde que el EP se estableció en España y que permitió a EEUU gravar, en exclusiva, la práctica totalidad de las rentas obtenidas por aquel. Sin embargo, en el momento en el que tales rentas deben ser sometidas a imposición en España, se pretende su ajuste negativo. Por último, si se aceptara el criterio del contribuyente, estas rentas quedarían sin imposición en jurisdicción alguna, como ya se ha explicado anteriormente.>> Pues bien, disconforme con la regularización practicada por la Inspección, la interesada alega , en síntesis, ante este TEAC, que: - No existe desimposición y en caso de no aceptarse la amortización del fondo de comercio, se estaría sujetando a tributación la misma renta en sede de dos contribuyentes distintos, inaplicando, por tanto, la exención prevista en el CDI para la renta de la actividad de transporte internacional. - Valorar los activos aportados (incluyendo el fondo de comercio) por su valor de mercado en el momento de la aportación era obligatorio de acuerdo con el artículo 17 de la LIS, con independencia del régimen fiscal aplicable a la entidad transmitente. - El registro contable del fondo de comercio no es exigido por el artículo 20 de la LIS. Por lo que se refiere al primer motivo de impugnación del acuerdo de liquidación, considera este TEAC que, tal y como bien ha recogido la Inspección en el acta y en el acuerdo de liquidación impugnado, ya existe doctrina al respecto en las resoluciones de este TEAC de 20 de enero de 2010 (RG 7913/2008) y 11 de septiembre de 2017 (RG 3300/2014), si bien referida a los derogados artículos 15 y 18 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS), que eran los encargados de regular la valoración a mercado de determinadas operaciones y los efectos que de la misma se derivan a la hora de conciliar los valores contable y fiscal como consecuencia de tal valoración a mercado con carácter previo a la entrada en vigor de la LIS. Actualmente, estos extremos se regulan en los artículos 17 y 20 de la LIS, en los siguientes términos: << Artículo 17. Regla general y reglas especiales de valoración en los supuestos de transmisiones lucrativas y societarias. 1. Los elementos patrimoniales se valorarán de acuerdo con los criterios previstos en el Código de Comercio, corregidos por la aplicación de los preceptos establecidos en esta Ley. No obstante, las variaciones de valor originadas por aplicación del criterio del valor razonable no tendrán efectos fiscales mientras no deban imputarse a la cuenta de pérdidas y ganancias, sin perjuicio de lo señalado en la letra l) del artículo 15 de esta Ley, o mientras no deban imputarse a una cuenta de reservas si así lo establece una norma legal o reglamentaria. El importe de las revalorizaciones contables no se integrará en la base imponible, excepto cuando se lleven a cabo en virtud de normas legales o reglamentarias que obliguen a incluir su importe en la cuenta de pérdidas y ganancias. El importe de la revalorización no integrada en la base imponible no determinará un mayor valor, a efectos fiscales, de los elementos revalorizados. 2. Las operaciones de aumento de capital o fondos propios por compensación de créditos se valorarán fiscalmente por el importe de dicho aumento desde el punto de vista mercantil, con independencia de cuál sea la valoración contable. 3. Los elementos patrimoniales transmitidos en virtud de fusión y escisión total o parcial, se valorarán, en sede de las entidades y de sus socios, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VII del Título VII de esta Ley. Los elementos patrimoniales aportados a entidades y los valores recibidos en contraprestación, así como los valores adquiridos por canje, se valorarán de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VII del Título VII de esta Ley. No obstante, en caso de no resultar de aplicación el régimen establecido en el Capítulo VII del Título VII de esta Ley en cualquiera de las operaciones mencionadas en este apartado, los referidos elementos patrimoniales se valorarán de acuerdo con lo establecido en el apartado siguiente. 4. Se valorarán por su valor de mercado los siguientes elementos patrimoniales: a) Los transmitidos o adquiridos a título lucrativo. No tendrán esta consideración las subvenciones. b) Los aportados a entidades y los valores recibidos en contraprestación, salvo que resulte de aplicación el régimen previsto en el Capítulo VII del Título VII de esta Ley o bien que resulte de aplicación el apartado 2 anterior. c) Los transmitidos a los socios por causa de disolución, separación de éstos, reducción del capital con devolución de aportaciones, reparto de la prima de emisión y distribución de beneficios. d) Los transmitidos en virtud de fusión, y escisión total o parcial, salvo que resulte de aplicación el régimen previsto en el Capítulo VII del Título VII de esta Ley. e) Los adquiridos por permuta. f) Los adquiridos por canje o conversión, salvo que resulte de aplicación el régimen previsto en el Capítulo VII del Título VII de esta Ley. Se entenderá por valor de mercado el que hubiera sido acordado entre partes independientes, pudiendo admitirse cualquiera de los métodos previstos en el artículo 18.4 de esta Ley. 5. En los supuestos previstos en las letras a), b), c) y d) del apartado anterior, la entidad transmitente integrará en su base imponible la diferencia entre el valor de mercado de los elementos transmitidos y su valor fiscal. No obstante, en el supuesto de aumento de capital o fondos propios por compensación de créditos, la entidad transmitente integrará en su base imponible la diferencia entre el importe del aumento de capital o fondos propios, en la proporción que le corresponda, y el valor fiscal del crédito capitalizado. En los supuestos previstos en las letras e) y f) del apartado anterior, las entidades integrarán en la base imponible la diferencia entre el valor de mercado de los elementos adquiridos y el valor fiscal de los entregados. En la adquisición a título lucrativo, la entidad adquirente integrará en su base imponible el valor de mercado del elemento patrimonial adquirido. La integración en la base imponible de las rentas a las que se refiere este artículo se efectuará en el período impositivo en el que se realicen las operaciones de las que derivan dichas rentas. 6. En la reducción de capital con devolución de aportaciones se integrará en la base imponible de los socios el exceso del valor de mercado de los elementos recibidos sobre el valor fiscal de la participación. La misma regla se aplicará en el caso de distribución de la prima de emisión de acciones o participaciones. No obstante, tratándose de operaciones realizadas por sociedades de inversión de capital variable reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, no sometidas al tipo general de gravamen, el importe total percibido en la reducción de capital con el límite del aumento del valor liquidativo de las acciones desde su adquisición o suscripción hasta el momento de la reducción de capital social, se integrará en la base imponible del socio sin derecho a ninguna deducción en la cuota íntegra. Cualquiera que sea la cuantía que se perciba en concepto de distribución de la prima de emisión realizada por dichas sociedades de inversión de capital variable, se integrará en la base imponible del socio sin derecho a deducción alguna en la cuota íntegra. Se aplicará lo anteriormente señalado a organismos de inversión colectiva equivalentes a las sociedades de inversión de capital variable que estén registrados en otro Estado, con independencia de cualquier limitación que tuvieran respecto de grupos restringidos de inversores, en la adquisición, cesión o rescate de sus acciones; en todo caso resultará de aplicación a las sociedades amparadas por la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios. (...) Artículo 20. Efectos de la valoración contable diferente a la fiscal. Cuando un elemento patrimonial o un servicio tengan diferente valoración contable y fiscal, la entidad adquirente de aquél integrará en su base imponible la diferencia entre ambas, de la siguiente manera: a) Tratándose de elementos patrimoniales integrantes del activo circulante, en el período impositivo en que éstos motiven el devengo de un ingreso o un gasto. b) Tratándose de elementos patrimoniales no amortizables integrantes del inmovilizado, en el período impositivo en que éstos se transmitan o se den de baja. c) Tratándose de elementos patrimoniales amortizables integrantes del inmovilizado, en los períodos impositivos que resten de vida útil, aplicando a la citada diferencia el método de amortización utilizado respecto de los referidos elementos, salvo que sean objeto de transmisión o baja con anterioridad, en cuyo caso, se integrará con ocasión de la misma . d) Tratándose de servicios, en el período impositivo en que se reciban, excepto que su importe deba incorporarse a un elemento patrimonial en cuyo caso se estará a lo previsto en los párrafos anteriores.>> Por su parte, en los artículos 15 y 18 del TRLIS se establecía lo siguiente: << Artículo 15. Reglas de valoración: regla general y reglas especiales en los supuestos de transmisiones lucrativas y societarias. 1. Los elementos patrimoniales se valorarán de acuerdo con los criterios establecidos en el Código de Comercio. No obstante, las variaciones de valor originadas por aplicación del criterio del valor razonable no tendrán efectos fiscales mientras no deban imputarse a la cuenta de pérdidas y ganancias. El importe de las revalorizaciones contables no se integrará en la base imponible, excepto cuando se lleven a cabo en virtud de normas legales o reglamentarias que obliguen a incluir su importe en la cuenta de pérdidas y ganancias. El importe de la revalorización no integrada en la base imponible no determinará un mayor valor, a efectos fiscales, de los elementos revalorizados. Las operaciones de aumento de capital por compensación de créditos se valorarán fiscalmente por el importe de dicho aumento desde el punto de vista mercantil, con independencia de cuál sea la valoración contable. 2. Se valorarán por su valor normal de mercado los siguientes elementos patrimoniales: a) Los transmitidos o adquiridos a título lucrativo. b) Los aportados a entidades y los valores recibidos en contraprestación, salvo en el supuesto previsto en el último párrafo del apartado anterior. c) Los transmitidos a los socios por causa de disolución, separación de éstos, reducción del capital con devolución de aportaciones, reparto de la prima de emisión y distribución de beneficios. d) Los transmitidos en virtud de fusión, absorción y escisión total o parcial. e) Los adquiridos por permuta. f) Los adquiridos por canje o conversión. Se entenderá por valor normal del mercado el que hubiera sido acordado en condiciones normales de mercado entre partes independientes. Para determinar dicho valor se aplicarán los métodos previstos en el artículo 16.3 de esta ley. 3. En los supuestos previstos en las letras a), b), c) y d), la entidad transmitente integrará en su base imponible la diferencia entre el valor normal de mercado de los elementos transmitidos y su valor contable. No obstante, en el supuesto de aumento de capital por compensación de créditos, la entidad transmitente integrará en su base imponible la diferencia entre el importe del aumento de capital, en la proporción que le corresponda, y el valor fiscal del crédito capitalizado. En los supuestos previstos en los párrafos e) y f) las entidades integrarán en la base imponible la diferencia entre el valor normal del mercado de los elementos adquiridos y el valor contable de los entregados. En la adquisición a título lucrativo, la entidad adquirente integrará en su base imponible el valor normal de mercado del elemento patrimonial adquirido. La integración en la base imponible de las rentas a las que se refiere este artículo se efectuará en el período impositivo en el que se realicen las operaciones de las que derivan dichas rentas. A los efectos de lo previsto en este apartado no se entenderán como adquisiciones a título lucrativo las subvenciones. 4. En la reducción de capital con devolución de aportaciones se integrará en la base imponible de los socios el exceso del valor normal de mercado de los elementos recibidos sobre el valor contable de la participación. La misma regla se aplicará en el caso de distribución de la prima de emisión de acciones o participaciones. No obstante, tratándose de operaciones realizadas por sociedades de inversión de capital variable reguladas en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva no sometidas al tipo general de gravamen, el importe total percibido en la reducción de capital con el límite del aumento del valor liquidativo de las acciones desde su adquisición o suscripción hasta el momento de la reducción de capital social, se integrará en la base imponible del socio sin derecho a ninguna deducción en la cuota íntegra. Cualquiera que sea la cuantía que se perciba en concepto de distribución de la prima de emisión realizada por dichas sociedades de inversión de capital variable, se integrará en la base imponible del socio sin derecho a deducción alguna en la cuota íntegra. Se aplicará lo anteriormente señalado a organismos de inversión colectiva equivalentes a las sociedades de inversión de capital variable que estén registrados en otro Estado, con independencia de cualquier limitación que tuvieran respecto de grupos restringidos de inversores, en la adquisición, cesión o rescate de sus acciones; en todo caso resultará de aplicación a las sociedades amparadas por la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios. (...) Artículo 18. Efectos de la sustitución del valor contable por el valor normal de mercado. Cuando un elemento patrimonial o un servicio hubieran sido valorados a efectos fiscales por el valor normal de mercado, la entidad adquirente de aquél integrará en su base imponible la diferencia entre dicho valor y el valor de adquisición, de la siguiente manera: a) Tratándose de elementos patrimoniales integrantes del activo circulante, en el período impositivo en que éstos motiven el devengo de un ingreso. b) Tratándose de elementos patrimoniales no amortizables integrantes del inmovilizado, en el período impositivo en que éstos se transmitan. c) Tratándose de elementos patrimoniales amortizables integrantes del inmovilizado, en los períodos impositivos que resten de vida útil, aplicando a la citada diferencia el método de amortización utilizado respecto de los referidos elementos. d) Tratándose de servicios, en el período impositivo en que se reciban, excepto que su importe deba incorporarse a un elemento patrimonial en cuyo caso se estará a lo previsto en los párrafos anteriores.>> Como puede observarse, la redacción de estos preceptos se ha mantenido prácticamente inalterada a los efectos que nos ocupan, en particular en lo que a la mención de que " El importe de la revalorización no integrada en la base imponible no determinará un mayor valor, a efectos fiscales, de los elementos revalorizados " se refiere, la cual se mantiene inalterada desde la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. Hecha esta breve pero relevante aclaración, deben traerse a colación los dos últimos párrafos de la Resolución de este TEAC de 20 de enero de 2010 (RG 7913/2008) que, si bien se refiere a la recepción de los elementos con ocasión de una reducción de capital, son muy ilustrativos del funcionamiento de los dos preceptos que han sido reproducidos ut supra : <<De una interpretación integrada de ambos preceptos se desprende que, por una parte, el valor de mercado fijado en el procedimiento de tasación pericial contradictoria a los bienes entregados a la reclamante como consecuencia de la reducción de capital de la entidad XX, surte efecto respecto a dicha entidad, transmitente, en cuanto había de integrarse en la base imponible de ésta, en el período impositivo en que se llevó a cabo la operación, es decir, en 1998, la diferencia entre el valor normal de mercado de los elementos transmitidos y su valor contable. Pues bien, así se llevó a cabo respecto de la entidad XX por la mencionada liquidación de 6 de junio de 2005, respecto de la cual la entidad interpuso reclamación económico-administrativa, de la cual posteriormente desistió, tal como se ha expuesto en el Fundamento de Derecho cuarto. Por otra parte, aquel valor de mercado surte efecto asimismo respecto a los socios, en el caso que nos ocupa, la entidad aquí reclamante, en cuya base imponible ha de integrarse el exceso del valor normal de mercado de los elementos recibidos sobre el valor contable de la participación. Congruentemente, la sustitución del valor contable por el valor normal de mercado, había de surtir efecto en el momento de la enajenación del bien adquirido. Y esto último es lo que la reclamante pretende en sus solicitudes de rectificación de las autoliquidaciones presentadas en los ejercicios de enajenación de aquellos elementos. Ahora bien, tal ajuste tiene su justificación en la previa integración en la base del socio del exceso del valor normal de mercado de los elementos recibidos sobre el valor contable de la participación, lo cual no consta que se haya producido, por lo que, no habiéndose producido aquel efecto, carece de sentido la corrección al resultado contable pretendida por la reclamante, toda vez que no ha existido duplicidad o exceso de imposición del que resulte el ingreso indebido pretendido.>> Asimismo, insiste en esta idea el criterio contenido en la Resolución de este TEAC de 11 de septiembre de 2017 (RG 3300/2014), según el cual: <<Para que pueda darse la corrección fiscal prevista en el artículo 18 del TRLIS al tiempo de transmisión de las acciones adquiridas por canje de valores, previamente ha de haberse realizado la corrección fiscal prevista en el artículo 15.3 del TRLIS al momento de adquisición por canje de dichas acciones.>> Aunque se refiera a una operación de canje de valores, vemos que ahonda en la misma idea que la recogida en la Resolución de este TEAC de 20 de enero de 2010 (RG 7913/2008) a que hemos hecho referencia anteriormente. A mayor abundamiento, y pese que la misma se refiere a los artículos 15 y 18 de Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (derogada por el TRLIS), debe traerse a colación las reflexiones de este TEAC contenidas en la Resolución de este TEAC de 10 de septiembre de 2009 (RG 3127/2006), pues resultan extrapolables al caso que nos ocupa viendo la similitud existente entre la redacción de los preceptos allí analizados y los aplicables en el presente supuesto. Así, dispone el TEAC en esta resolución: <<A efectos fiscales, el artículo 15 de la LIS establece como principio general de valoración, el valor de adquisición o coste de producción. No obstante, el propio artículo 15 recoge una serie de supuestos a los que se aplica el valor de mercado. Así, los apartado 2 y 3 del citado artículo regulan la renta obtenida por la sociedad transmitente derivada de distintas operaciones, entre las que se encuentran las aportaciones no dinerarias a entidades. Como contrapartida a esta valoración el artículo 18 de la LIS establece que la sociedad adquirente valore los elementos recibidos en dichas operaciones al valor de mercado con ocasión de la posterior transmisión. Así, el artículo 18 de la LIS prevé una corrección al resultado contable en sede de la entidad beneficiaria de la aportación con ocasión de la posterior transmisión de los elementos adquiridos a causa de la aportación. Esta corrección se calcula tomando como valor de salida o baja de los elementos el valor de mercado que prevaleció a efectos de lo previsto en el artículo 15.2 b). Por tanto, el mandato de corrección del resultado contable para determinar la base imponible establecido en el artículo 18 de la LIS se basa en la previa aplicación del artículo 15.2 b), el cual, sólo afecta, a la tributación de los sujetos pasivos residentes en territorio español. Así pues, el artículo 18 es consecuencia de la previa aplicación del artículo 15.2 y éste se aplica para determinar la renta obtenida por la realización de ciertas operaciones, entre ellas, las aportaciones no dinerarias, pero realizadas por entidades residentes en territorio español. El artículo 15 no se aplica respecto de los aportantes no residentes pues las rentas que los mismos pudieran obtener derivadas de las aportaciones que realicen, incluso cuando la entidad beneficiaria de las mismas sea una residente en territorio español, son ajenas al hecho imponible del IS (artículo 4 LIS: "constituye el hecho imponible la obtención de renta...por el sujeto pasivo"). El artículo 15.2 de la LIS es un precepto de la ley del impuesto sobre sociedades, el cual regula la tributación de las entidades residentes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4 y 7 de la LIS, estando regulada la tributación de los no residentes en el Impuesto sobre la Renta de los no Residentes. De acuerdo con lo expuesto, cabe concluir que el valor de adquisición, a efectos fiscales, de las acciones de … y de las participaciones brasileñas y mejicanas es el valor otorgado en las escrituras de ampliación de capital, conforme lo dispuesto en el artículo 15.1 de la LIS y del TRLIS por lo que no procede aplicar el artículo 18 de la LIS (TRLIS año 2004) en la venta de dichas acciones y, por tanto, no proceden los ajustes extracontables negativos realizados ni incrementar el importe de la minusvalía declarada en la autoliquidación del IS de 2004 como solicita la reclamante.>> Como puede observarse, de todas estas resoluciones se desprende que, inequívocamente, y más allá de la mera integración en la base imponible de la transmitente de la diferencia entre el valor de mercado de los bienes aportados y su valor fiscal (que es lo que se defiende haber hecho con ocasión de la aportación del EP a la interesada), l o que se exige es la tributación efectiva por dicha integración para que pueda procederse luego a la conciliación del resultado contable y fiscal contemplada en el actual artículo 20 de la LIS. Así, aunque se ha procedido a realizar un ajuste extracontable positivo por la diferencia entre el valor de mercado del negocio aportado y su valor contable por importe de 37.391.340,76 euros, como acto seguido se procede a realizar un ajuste negativo por importe de 37.335.772,55 euros por aplicación del CDI hispano-americano (de manera que la práctica totalidad del ajuste positivo efectuado por aplicación del artículo 17 LIS no tributó efectivamente), se ha de negar el acceso a la aplicación del artículo 20 de la LIS a la interesada, pues se produciría una desimposición evidente de admitirse la integración de la diferencia entre el valor contable y fiscal que se recoge en el artículo 20 de la LIS, toda vez que, tal y como se recoge acertadamente en el acuerdo de liquidación, se conseguiría que las rentas obtenidas por la unidad económica recibida quedaran sin tributar durante un periodo de 20 años sin que, previamente, se haya soportado la correlativa carga impositiva en sede de la transmitente. Por lo que respecta a los restantes motivos de impugnación, a continuación debe darse contestación al relativo a que el registro contable del fondo de comercio no es exigido por el artículo 20 de la LIS para lo que utilizaremos las conclusiones alcanzadas por la Oficina Técnica pues esta alegación es prácticamente idéntica a la formulada al acta del que deriva el acuerdo de liquidación impugnado y dichas conclusiones no ofrecen tacha alguna. Así, y tal y como hace la Inspección, antes de dar contestación a esta cuestión, debe resaltarse que el artículo 20 de la LIS comienza del siguiente modo: " Cuando un elemento patrimonial o un servicio tengan diferente valoración contable y fiscal, la entidad adquirente de aquél integrará en su base imponible la diferencia entre ambas, de la siguiente manera: ". Como puede verse, el artículo se establece el proceder de la "entidad adquirente". En el supuesto de determinadas operaciones societarias, que se valoran de modo diferente según la norma contable y la norma fiscal, tal diferencia de valoración se integra en primer lugar en la base imponible de la entidad transmitente, y precisamente por ello, en el artículo 20 de la LIS se regula la manera de integrar dicha diferencia en la entidad adquirente. En el caso concreto aquí planteado, como ya se ha comentado, la entidad transmitente no integró esta diferencia de valoración (salvo la pequeña diferencia entre los importes del ajuste negativo y positivo que practicó en su autoliquidación). Hecha esta breve introducción, y en relación a las alegaciones del obligado tributario en este punto, es preciso distinguir el tratamiento general que regula el artículo 20 de la LIS, de este caso concreto que aquí se plantea. El artículo 20 de la LIS regula el proceder en la entidad adquirente cuando un elemento patrimonial o un servicio tienen diferente valoración contable y fiscal, de manera que integrará en su base imponible la diferencia entre ambas valoraciones, del modo que indica el precepto en función de la naturaleza del elemento. En caso de un elemento patrimonial amortizable integrante del inmovilizado, la diferencia se integrará aplicándole el método de amortización utilizado respecto a dicho elemento. En un supuesto en que la valoración contable fuera superior a la valoración fiscal, la amortización contable sería superior a la amortización a efectos fiscales, integrándose la diferencia mediante un ajuste positivo. En un supuesto en que la valoración contable fuera inferior a la valoración fiscal, la amortización contable sería inferior a la amortización a efectos fiscales, y la diferencia se integraría mediante un ajuste negativo. Cabe indicar que este artículo 20 no se está refiriendo a la deduciblidad fiscal de la amortización, a lo que se refiere el artículo 12 de la LIS, que requiere la inscripción contable exigida en el artículo 11 de la LIS (excepto en los supuestos de amortización libre o acelerada). El artículo 20 de la LIS se refiere a la integración de la diferente valoración contable y fiscal de un elemento, y a la forma de efectuar tal integración. Es evidente que cuando el valor contable de un elemento amortizable es inferior al valor fiscal, se integrará una diferencia negativa, sin que exista una amortización contable registrada por su importe. Pero es necesario atender al caso concreto aquí planteado, pues no se trata de una diferencia entre la valoración contable y la fiscal, sino que contablemente no se ha registrado valor alguno, es decir, a efectos contable no figura ningún fondo de comercio en el activo de la entidad adquirente. La interesada señala en sus alegaciones que resultaría arbitrario que la recuperación de la diferencia dependiera de si el fondo de comercio aflora o no contablemente, teniendo en cuenta que necesariamente aflora fiscalmente, conforme al artículo 17 de la LIS. A este respecto ha de tenerse en cuenta que a efectos fiscales, en lo que se refiere a la existencia de un fondo de comercio, la doctrina administrativa, a falta de definición en la norma fiscal, ha acudido acertadamente a la norma contable. Así, la Inspección trae a colación diversas consultas de la DGT que establecen lo siguiente: - Las consultas de la DGT V0741-10 de 19/04/2010 y V1485-10 01/07/2010: Acuden a la definición contable de fondo de comercio señalando que " En la medida en que la normativa fiscal no contiene una definición del fondo de comercio, habrá que atender a la definición dada por la normativa contable ." - La consulta de la DGT V1631-09 de 09/07/2009: Igual que las anteriores, acude a la definición contable: " en la medida en que la normativa fiscal no contiene una definición del fondo de comercio, el mismo vendrá definido por la normativa contable .". - La consulta de la DGT V1544-09 de 26/06/2009: Acude al fondo de comercio contable para el artículo 12.6 del TRLIS: " Por tanto, en primer lugar, cabe señalar que el artículo 12.6 del TRLIS se refiere al fondo de comercio que tenga tal consideración en el ámbito contable, pero no a otros activos intangibles que puedan surgir". - La consulta de la DGT V1190-20 de 30/04/2020: Parte de que " A efectos de la presente contestación se presumirá que la consultante se está refiriendo al fondo de comercio que se pone de manifiesto en la adquisición del negocio a que se refiere ". Y tras citar las normas de registro y valoración 6ª y 19ª del Plan General de Contabilidad, señala que: " Por tanto, en caso de que se pusiera de manifiesto en la adquisición del negocio de administración de loterías un fondo de comercio en los términos anteriores, su amortización contable tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible en los términos establecidos en el artículo 12.2 de la LIS, anteriormente reproducido ." Coincide este TEAC con la Inspección que de todo lo anterior se desprende que a efectos fiscales, el fondo de comercio viene definido por la normativa contable, y si no cumple los requisitos contables para reconocer su existencia, no cabe admitir dicha existencia tampoco fiscalmente. No obstante, debe hacerse hincapié en que más que la discusión sobre la existencia a efectos fiscales de un fondo de comercio en el caso aquí planteado, la cuestión fundamental es que la consecuencia de que existiera una diferente valoración contable y fiscal requeriría de la tributación previa en la entidad transmitente, tal y como se ha indicado en la contestación al primer motivo de impugnación contenido en las alegaciones de la interesada. Finalmente, debe darse contestación a la alegación en la que se manifestaba que " Valorar los activos aportados (incluyendo el fondo de comercio) por su valor de mercado en el momento de la aportación era obligatorio de acuerdo con el artículo 17 de la LIS, con independencia del régimen fiscal aplicable a la entidad transmitente ". Pues bien, al igual que sucedía con el anterior motivo de impugnación, este es el mismo que el utilizado por la interesada al formular alegaciones al acta del que deriva el acuerdo de liquidación impugnado, por lo que nos haremos eco de la contestación dada por la Oficina Técnica a la interesada a este respecto. Así, se recoge dicha contestación en las páginas 52 y 53 del acuerdo de liquidación en los siguientes términos: <<El obligado tributario centra sus argumentos en este punto en que en la regulación del régimen especial del capítulo VII del título VII de la LIS el artículo 78 de la LIS en lo que se refiere a la valoración fiscal de los bienes adquiridos, remite, en el supuesto de que se ejercite la renuncia al régimen del artículo 77 o no sea de aplicación el régimen, al artículo 17 de la LIS. Sobre ello no discrepa esta Oficina Técnica, e incluso cabe ir más allá, y plantearse el supuesto de que en este caso concreto la operación realizada no reuniera los requisitos para calificarse como una operación a la que pueda ser de aplicación el citado régimen especial (sobre lo cual no va a entrar a analizar esta Oficina Técnica) en cuyo caso, resultaría igualmente aplicable el artículo 17 de la LIS. Añade el obligado tributario en este punto que el artículo 17 de la LIS en modo alguno condiciona la valoración a mercado en sede de la entidad beneficiaria de la aportación a que el aportante haya tributado en España, y mucho menos a que lo haya hecho conforme al artículo 17 de la LIS. Sobre ello sí discrepa, al menos parcialmente, esta Oficina Técnica. De la redacción del artículo 17 de la LIS se ve claramente que la valoración por valores de mercado de los elementos patrimoniales transmitidos en las operaciones a las que se refiere, sigue un tratamiento simétrico en las entidades transmitente y adquirente. Es decir, los elementos recibidos se valoran a valor de mercado en la entidad adquirente porque en la entidad transmitente se han valorado igual y, en consecuencia, se ha integrado una renta en la entidad transmitente (en el Impuesto sobre Sociedades o incluso en el IRNR). No tendría sentido que si en la entidad transmitente los elementos patrimoniales transmitidos continúan valorándose por su valor fiscal, de manera que en su transmisión no se origina renta alguna, pasen a valorarse en la entidad adquirente por su valor de mercado, pues supondría una revalorización sin tributación alguna, generándose desimposición en un momento posterior. No obstante, este razonamiento requiere una matización. Parece posible asumir que en un supuesto en el que la entidad transmitente es no residente en territorio español y bien porque los elementos patrimoniales transmitidos no están situados en territorio español, o porque estando situados en territorio español, por aplicación del correspondiente convenio para evitar la doble imposición, la renta que se originaría en esta entidad con motivo de la transmisión no pudiera someterse a gravamen en España, cabría admitir la valoración a valor de mercado de los elementos recibidos en la entidad adquirente, si bien, asumiendo un presupuesto fundamental, que es que la entidad transmitente haya tributado en su país de residencia, en virtud de su normativa nacional. Sin embargo, no parece lógico que se asuman los valores de mercado de los elementos recibidos en la entidad adquirente si la entidad transmitente no ha tributado en absoluto, ni en España ni en su país de residencia (o en el que, en su caso, le correspondiera). Esto es lo que ha sucedido en el caso de TW Corporation , residente en EEUU , al haber atribuido su normativa nacional a la operación el carácter de operación de reestructuración interna del grupo con efecto fiscal neutro. Es precisamente por este motivo por el que no se considera que en este supuesto concreto quepa asumir los valores de mercado en la entidad adquirente, sino que hayan de mantenerse los valores contables (de las cuentas consolidadas o individuales) de la entidad transmitente.>> Como puede observarse, se profundiza en la contestación dada al primer motivo de impugnación en relación con la desimposición patente que se deriva de esta operación y que ha sido defendida por este TEAC como causa de inadmisión de la deducibilidad fiscal de la amortización del fondo de comercio pretendida por la interesada por aplicación del artículo 20 LIS, por lo que, evidentemente, compartimos plenamente la contestación dada por la Inspección a esta alegación. En definitiva, debe confirmarse la regularización efectuada por la Inspección, la cual, en esencia, inadmite la deducibilidad de 37.330.756,31 euros durante el plazo de 20 años pretendida por el contribuyente (hágase notar que, a fin de evitar una doble imposición en España, la Inspección corrige en 60.584,85 euros el importe no deducible fiscalmente de los 37.391.340,76 euros en los que se estimó el importe del Fondo de comercio, ya que esos 60.584,85 euros han tributado en España). No obstante, esto se traduce en la eliminación de estos efectos en los ejercicios afectados dentro de los incluidos en los que han sido objeto de comprobación. En particular, se elimina el ajuste extracontable negativo practicado por la entidad para determinar la base imponible en los períodos impositivos 2017 y 2018 por el concepto de "efectos de la valoración contable diferente a la fiscal" (en 2017 con la corrección señalada por importe de 60.584,85 euros). QUINTO.- Procedencia de la deducibilidad de las retribuciones satisfechas a un miembro del Consejo de Administración (I) La cuestión controvertida consiste en el tratamiento fiscal de las retribuciones satisfechas por la entidad reclamante XZ SPAIN SL, en los ejercicios 2016 a 2018, a la administradora Dña. Ekb . En concreto, se trata de determinar si la cuantía de esas retribuciones es deducible a efectos de la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios señalados. La reclamante alega la deducibilidad de tales retribuciones devengadas por la directiva Dña. Ekb en los años 2016 a 2018 (la cual, según consta en el contrato de Alta Dirección de 1 de septiembre de 2016 que figura en el Expediente Electrónico ejerce el cargo de Vicepresidente de Operaciones para España y … de la interesada durante esos ejercicios), que a su vez es miembro del Consejo de Administración de la entidad, aunque en los estatutos sociales no se establezca retribución alguna. Señala la entidad que la argumentación empleada por la Inspección para negar tal deducibilidad resulta incorrecta y que no se sostiene jurídicamente. Según los hechos que constan en el expediente, durante los ejercicios 2016 a 2018 Dña. Ekb ha percibido retribuciones de la entidad. No es cuestión controvertida el hecho de que esta ejercía funciones directivas y era miembro del Consejo de Administración. Se hace necesario, en virtud de la cuestión objeto de controversia, recoger lo previsto en los Estatutos Sociales de XZ SPAIN SL al respecto. En concreto, el artículo 18 de los referidos estatutos, vigente en los ejercicios objeto de regularización establece que: "Artículo 18.- Para ser administrador no es necesario ser socio de la Sociedad. Su nombramiento y separación, que podrá ser acordada en cualquier momento, compete a la Junta General, con las mayorías ordinarias. La duración del cargo será por plazo indefinido. El cargo de Administrador será gratuito.". Según resulta del citado artículo, no se prevé en los Estatutos Sociales de la entidad que los cargos integrantes del Consejo de Administración sean remunerados. En el acuerdo de liquidación impugnado, la Inspección considera no deducibles las citadas retribuciones y basa sus argumentos en lo establecido por el propio Tribunal Supremo, entre otras, en la sentencia de 26 de febrero de 2018 (Rec. casación número 3574/2017), que interpretó que el sistema de remuneración de los administradores "en su condición de tales" de las sociedades no cotizadas debe estar previsto en los Estatutos sociales. Además, la cuantía máxima anual a pagar a todos los administradores debe ser aprobada por la Junta y el órgano de administración (salvo que la Junta determine otra cosa) debe decidir cómo se distribuye esta remuneración entre sus miembros. La sentencia del TS establece también que, en el caso de consejeros con funciones ejecutivas, el órgano de administración debe aprobar un contrato en el que se detallen los conceptos retributivos por dichas funciones ejecutivas. Entendía el Tribunal Supremo en esa sentencia que cuando un consejero tiene funciones ejecutivas, toda su retribución deriva de "su condición de tal", en aplicación de la denominada "teoría del vínculo". La Inspección, siguiendo, por tanto, esa teoría, entiende que la retribución de un consejero con funciones ejecutivas sólo será deducible si se cumplen los tres requisitos anteriores (que el cargo de consejero o administrador sea retribuido conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales, que se trata de una cuantía máxima aprobada por la Junta y contrato en el que se detallen los conceptos retributivos por funciones ejecutivas). Y, es claro que, en el caso aquí analizado, los Estatutos Sociales de la entidad no preveían el carácter retributivo del cargo de administrador. En consecuencia, al no cumplirse dichos requisitos mercantiles, las retribuciones analizadas debían calificarse, y así lo hace la Inspección, como gastos contrarios al Ordenamiento Jurídico y, por tanto, no serían fiscalmente deducibles en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 f) LIS: <<Art 15. No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles: f) Los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.>> SEXTO.- Procedencia de la deducibilidad de las retribuciones satisfechas a un miembro del Consejo de Administración (II) Para resolver esta cuestión, cabe tener en cuenta, en primer lugar, que la denominada "Teoría del vínculo" que venía manteniendo el Tribunal Supremo, y asumía este TEAC, que es la esencia del criterio de la Inspección, y, con ello, la esencia de la regularización practicada, y que disponía que, en el caso de administradores de una sociedad que, a su vez, estuviesen unidos a ésta en el marco de un contrato laboral de alta dirección, debía entenderse que el vínculo entre ambos era exclusivamente de naturaleza mercantil (y no laboral) al entenderse dichas funciones atribuidas en virtud de la relación laboral de alta dirección quedaban subsumidas en las propias del cargo de administrador, se ha visto superada recientemente por el propio Tribunal Supremo y, en consecuencia, debe ser rechazada. Dicha doctrina, en síntesis, permitía exigir, para reconocer la deducibilidad de estas partidas de gasto para la sociedad (que satisfacía retribuciones a consejeros / administradores que, a la vez, ejercían cargos de alta dirección en la misma), que se cumplieran los requisitos que la normativa mercantil dispone para la retribución de consejeros / administradores de una entidad en su condición de tales. Pues bien, como indicamos, el Alto Tribunal, en su reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de 27/06/2023 (recurso de casación n.º 6442/2021), por la que se resuelve un recurso cuya cuestión con interés casacional a resolver era: "Determinar si las retribuciones que perciban los administradores de una entidad mercantil, acreditadas, contabilizadas y previstas en los estatutos de la sociedad, constituyen una liberalidad no deducible por el hecho de que la relación que une a los perceptores de las remuneraciones con la empresa sea de carácter mercantil y de que las mismas no hubieran sido aprobadas por la Junta General de Accionistas, o si, por el contrario, al tratarse de una sociedad integrada por un socio único, no es exigible el cumplimiento de este requisito o, aun siéndolo, su inobservancia no puede comportar la consideración de liberalidad del gasto y la improcedencia de su deducibilidad" , se refiere a esa doctrina en los términos siguientes (el subrayado es nuestro): << SÉPTIMO.- Alguna consideración sobre la denominada teoría del vínculo y su aplicación al caso. Conforme a esa teoría, cuando en una persona concurre la doble consideración de trabajador por cuenta ajena y administrador -así, en el caso debatido de que tenga suscrito un contrato que puede considerarse, partamos de la idea, de alta dirección (...) y de manera simultánea ostente un cargo de administrador en la empresa (lo que también sucede), entonces entra en juego la llamada teoría del vínculo. Tal doctrina, que no conoce reflejo en la legislación fiscal, despliega sus efectos en el ámbito de la relación del trabajador-administrador con la empresa, lo que impide que, en tal caso, por la naturaleza del vínculo -se hace predominar entonces la naturaleza mercantil, por superponerse a la laboral, ya que se pierde entonces la esencia de la ajenidad- la jurisdicción social no sería competente para conocer de los conflictos suscitados en el seno de esa relación. La competencia recaería en la jurisdicción mercantil. Ahora bien, al margen de toda otra consideración, no parece que tal doctrina afecte a nuestro caso. Aun admitiendo la teoría del vínculo, o el predominio de la vertiente mercantil sobre la laboral, la retribución que nos ocupa no será - nunca- una liberalidad no deducible si es real, efectiva, probada, contabilizada y onerosa. Así lo hemos dicho reiteradamente y hemos de mantenerlo . Habría de preguntarse, atendida esa especie de absorción normativa, qué sucedería si el cargo de administrador fuera previsto estatutariamente como gratuito. En tal caso, no parece lógico que la parte de la retribución que percibiría el administrador como trabajador -y que sería además objeto de retención- no pudiera ser deducida por la empresa pagadora. Quiere ello decir que la consecuencia basada en la llamada teoría del vínculo, que despliega sus efectos en el seno de la relación interna o intrasocietaria , llevada al terreno de lo tributario que aquí nos ocupa, conduciría a un resultado totalmente absurdo si no se aplica con prudencia y cautela, examinando las peculiaridades de cada caso, operación que no se ha realizado aquí >>. El Tribunal Supremo fija como jurisprudencia que: <<...las retribuciones percibidas por los administradores de una entidad mercantil y que consten contabilizadas, acreditadas y previstas en los estatutos de la sociedad no constituyen una liberalidad no deducible (artículo 14.1.e) TRLIS) por el hecho de que la relación que une a los perceptores de las remuneraciones con la empresa sea de carácter mercantil y de que tales retribuciones no hubieran sido aprobadas por la junta general, siempre que de los estatutos quepa deducir el modo e importe de tal retribución", añadiendo, que "en el supuesto de que la sociedad esté integrada por un socio único no es exigible el cumplimiento del requisito de la aprobación de la retribución a los administradores en la junta general" >> Traída al caso la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea invocada allí por el demandante (sentencias de 9 de julio de 2015, asunto Balkaya , C-229/14; de 11 de noviembre de 2010, asunto Danosa , C-232/09; y la más reciente de 5 de mayo de 2022, asunto HJ, C-101/21), se dice por el Alto Tribunal en la citada sentencia de 27/06/2023 (recurso de casación n.º 6442/2021) que: "La sentencia impugnada parte de la base de que la relación laboral que unía a los Sres. ... con ... era de alta dirección, por lo que, siendo ambos simultáneamente consejeros, debe entenderse que la relación mercantil por la condición de consejeros absorbe la relación laboral por la condición de personal de alta dirección, todo ello en virtud de la teoría del vínculo. Sin embargo, según consolidada jurisprudencia del TJUE, en el ámbito comunitario europeo no se admite que prevalezca a fortiori la relación mercantil -que supone la pertenencia al órgano de administración sobre la consideración de trabajador de dicha persona a los efectos del Derecho de la UE, en determinadas circunstancias que son idénticas a las que concurrían en el caso de los mencionados señores. Conforme a esa jurisprudencia, el vínculo laboral no se desvanece ni enerva por absorción del vínculo mercantil en aquello que sea favorable al trabajador. ... Así, lo que la sentencia del TJUE de 5 de mayo de 2022 declara es que no cabe negar a un trabajador, que además es miembro del órgano de administración de una compañía, los derechos o protecciones que la normativa comunitaria concede a los trabajadores por el mero hecho de formar parte del órgano de administración ni, consiguientemente, tampoco cabe negar a la empresa que lo contrata, los derechos y protecciones que la normativa concede a un empleador. Es decir, en suma, que el TJUE consagra que no cabe hacer de peor condición a un trabajador (ni a la empresa que lo contrata) por el hecho de formar parte del órgano de administración y aprovechar dicha circunstancia para negar derechos que la norma interna de un estado conceden a los trabajadores y a las propias compañías que los contratan y posteriormente les nombran miembros del órgano de administración. Aplicada al caso que nos ocupa, que discurre obviamente en materia fiscal, no laboral, la jurisprudencia del TJUE supone que aunque a efectos mercantiles fuese de aplicación la teoría del vínculo, no cabe negar la deducibilidad de las remuneraciones satisfechas a un trabajador ni hacer de peor condición a éste o a su empresa pagadora por el mero hecho de formar parte aquél, también, del órgano de administración, siempre que como se ha señalado en los apartados previos -es de repetir de nuevo que dichas remuneraciones estén acreditadas, previstas en los estatutos, contabilizadas, siendo además nítido que están correlacionadas con los ingresos, circunstancias todas estas predicables de las retribuciones a las que se refiere la controversia que nos ocupa. La postura maximalista en que se funda la sentencia impugnada infringe el Derecho de la UE ya que, como hemos dicho, hace de peor condición a trabajadores que forman parte del órgano de administración de las empresas que los contratan que a aquellos que no acceden a dicho órgano y a las propias empresas empleadoras. Así, en el caso de los segundos, de los trabajadores estrictamente tales, no se cuestiona la deducibilidad del gasto en que consiste su retribución, mientras que en el primero de ellos -como administradores- se rechaza, a pesar de no existir ninguna diferencia que legitime dicho trato conforme a la referida jurisprudencia del TJUE y de que los señores en cuestión cobraban lo mismo antes y después de acceder al consejo. Se podrá discutir la teoría del vínculo para considerar que la relación que les une a la compañía es de carácter mercantil, pero desde luego, a la vista de la jurisprudencia del TJUE, no se les podrá hacer de peor condición que a los trabajadores que no forman parte del órgano de administración, ni a las empresas que los contratan, a las que en todo caso debe permitírseles deducir la remuneración que les satisfacen. Para salir al paso de que la doctrina del TJUE no es aplicable ratione materiae al caso debatido, lo que puede establecerse es que se hace eco de la existencia y posibilidad legal del doble vínculo entre el administrador que también es trabajador -lo fuera común u ordinario, lo fuera bajo contrato de alta dirección-, lo que desvirtúa la exclusividad del vínculo único , base argumental de la decisión adoptada. Por tanto, también por esta razón, debemos estimar este recurso de casación y admitir la deducibilidad de las retribuciones controvertidas" (el subrayado se incorpora en la presente resolución)". Tales argumentaciones y conclusiones se reproducen en una nueva sentencia de fecha 02/11/2023 (recurso de casación 3940/2022) en la que el TS reitera la doctrina casacional que fijó en su transcrita Sentencia de 27/06/2023 (recurso de casación 6442/2021), en relación con la deducibilidad en IS de las retribuciones satisfechas por las funciones de un alto directivo derivadas de un contrato de alta dirección que también tenía la condición de administrador. Esta sentencia se deriva de un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 17/02/2022 (recurso 686/2018) en el que se planteaban varias cuestiones casacionales; siendo la tercera de ellas la relativa a la deducibilidad fiscal en el IS de los ejercicios 2012 y 2013, de las retribuciones satisfechas al director general de la empresa que, además, era vocal del consejo de administración. En base al artículo 14.1.e) TRLIS aplicable ratione temporis en los ejercicios 2012 y 2013, la Inspección y, posteriormente este TEAC, calificaron las retribuciones percibidas por las funciones de dirección como liberalidades y por tanto no deducibles. Por aplicación de la "Teoría del vínculo" la relación de alta dirección quedaba absorbida por la relación mercantil y además el contrato de alta dirección no había sido incorporado a los estatutos sociales. Sin embargo, la AN tras verificar que las retribuciones estaban contabilizadas, eran reales y no fueron discutidas, admitió la deducibilidad de la retribución como director general, a pesar de que no estuviese contemplada en los estatutos sociales, al considerar, en cambio, que, mediante la "teoría del vínculo", no se absorbían, siempre y en todo caso, las funciones laborales por las mercantiles, contemplando así una dualidad de funciones del Director General y del Vocal. Admitió, por tanto, no sólo la deducibilidad fiscal de la retribución por la condición de miembro del consejo de administración (había previsión estatutaria) sino también la deducibilidad fiscal de la retribución por las funciones de alta dirección porque estas últimas no se confundían con las de administración y, por tanto, no era necesario para apreciar su deducibilidad fiscal que el contrato de alta dirección hubiese quedado incorporado a los Estatutos. En definitiva, consideró legítimo retribuir las funciones laborales al margen de los procedimientos establecidos en la legislación mercantil. No conforme, el abogado del Estado recurrió la sentencia de la AN en casación. Tanto en la sentencia de 02/11/2023, como en la de 27/06/2023, el TS expone en primer lugar, como marco general, su criterio jurisprudencial sobre qué debe entenderse por "donativos y liberalidades", cuya deducibilidad está vetada por el artículo 14.e) del TRLIS (o por el actual artículo 15.e) de la Ley 27/2014 del IS). El TS, en su sentencia de 2 de noviembre de 2023, fija su criterio acogiendo expresamente la doctrina casacional sentada en su citada sentencia de 27/06/2023 y transcribiendo íntegramente los fundamentos jurídicos 4º a 10º de esta última, para concluir: "La retribución satisfecha por unos servicios reales, efectivos y no discutidos en el procedimiento, derivados de un contrato de un alto directivo que, a su vez, forma parte del Consejo de Administración, no puede considerarse una liberalidad, "sea o no aplicable la llamada doctrina del vínculo". En atención a todo lo anterior, el TS da respuesta a la cuestión casacional en el siguiente sentido: "(...;) resultan deducibles en el Impuesto sobre Sociedades las retribuciones satisfechas a los Directores Generales de las sociedades, con contrato laboral de alta dirección que, al mismo tiempo, formen parte como vocales de los Consejos de Administración de las mismas , siempre y cuando correspondan con una prestación de servicios reales, efectivos y no discutidos". Asimismo, reforzando esta nueva doctrina, el TS ha dictado una nueva sentencia de fecha 18/01/2024 ( rec nº 4378/2022), referida a una sociedad anónima, en la que se dispuso, respecto a lo que aquí interesa, lo siguiente: "CUARTO. - El marco jurisprudencial ...6.- Por otra parte, la sentencia 875/2023 de 27 de junio, rec. 6442/2021 permite rechazar los alegatos del abogado del Estado, expuestos en su escrito de oposición, en torno a que hubiera existido una vulneración de la legislación mercantil que, en todo caso, impedía la deducibilidad de tales retribuciones. ... SEXTO.- Sobre la desproporción entre el eventual incumplimiento de la norma mercantil y la exclusión absoluta de toda deducción de la retribución, incluida la proveniente de la relación de alta dirección. Por lo antes expuesto, no cabe que una presunta irregularidad mercantil -que solo admitimos ahora a efectos dialécticos- lleve a la errónea conclusión alcanzada por la Sala de instancia según la cual la falta de acuerdo de la junta general implica que las retribuciones de los administradores constituyan una liberalidad no deducible en el impuesto sobre sociedades, lo que supone una mutación no ya fiscal, ni aun mercantil, sino puramente contractual, pues la relación entre los administradores y la sociedad es onerosa y no pierde su condición de tal en ningún caso. Las retribuciones a los administradores no pueden ser forzadamente insertas en la noción de liberalidades, que ha sido ampliamente desarrollada por este Tribunal Supremo como equivalentes a actos o negocios gratuitos o lucrativos. ...8.- Al igual que hiciera en su escrito de oposición presentado en el citado recurso de casación 6442/2021, en el presente asunto, el abogado del Estado aduce la exclusión de la deducibilidad de los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico. Constatamos, nuevamente, que dicho alegato fue rechazado en la sentencia 875/2023 de 27 de junio, en los siguientes términos: NOVENO . - Sobre la exclusión de la deducibilidad de los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico. En cuanto a la tesis preconizada en el escrito de oposición, relativa a la exclusión de los gastos por actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico ( art. 15.1.f) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades- LIS-, norma que entró en vigor años después de los ejercicios comprobados), se trata de una invocación del Abogado del Estado que parece presidida por la aspiración de mantener a ultranza la validez del acto administrativo, aduciendo al efecto no una razón que fuera tenida en cuenta para regularizar, fundada exclusivamente en la índole liberalidades de los pagos realizados, conforme a las normas aplicables al caso, contenidas en el artículo 14.1 del TRLIS. ...Por último, ya hemos dicho que en la legislación aplicable al presente recurso de casación no se contemplan como gastos no deducibles los "gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico", pero lo cierto es que "actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico" no pueden equiparse, sin más, a cualquier incumplimiento del ordenamiento jurídico ya que esto conduciría a soluciones claramente insatisfactorias, sería una interpretación contraria a su finalidad. La idea que está detrás de la expresión "actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico" necesita ser acotada, han de evitarse interpretaciones expansivas, puesto que esa expresión remite solo a cierto tipo de actuaciones, vg . sobornos y otras conductas similares... QUINTO.- Consideraciones conclusivas, fijación de doctrina y resolución de pretensiones. Una vez esbozada la contextualización normativa y jurisprudencial del presente asunto, debemos realizar las siguientes consideraciones: 1.- Como se infiere de lo expresado y por lo que se refiere al interés casacional suscitado por el presente recurso, además de enfatizar la prevalencia de la naturaleza mercantil que estructura la relación entre sociedad y administradores, en realidad, la Administración niega la deducibilidad del pago consistente en la retribución de los administradores porque no se observaron los requisitos de la legislación mercantil -lo que, a nuestro juicio, es tanto como negar que, en este caso, haya existido desde el punto de vista técnico jurídico dicha remuneración-, conclusión que reconduce -ya en el plano fiscal- a la causa de una mera liberalidad. 2.- Es cierto que la sentencia 875/2023 de 27 de junio, rec. 6442/2021, resuelve un asunto que presentaba una particularidad inexistente en el ahora enjuiciado y que no es otra que la circunstancia de que en aquel caso existía un socio único. Sin embargo, dicha circunstancia no obsta a proclamar, tal y como hicimos en aquella ocasión, que la normativa mercantil que resultaba aplicable durante los ejercicios cuestionados (2010 a 2014) y, en particular, los arts 130 TRLSA y el art. 217 TRLSC, en su redacción originaria, no exigían la necesidad de que la Junta General de una sociedad anónima aprobara las retribuciones de sus administradores, de modo que no constituye incumplimiento de la norma mercantil la pretendida inobservancia de un requisito que no es tal, pues no se prevé en ella. 3.- La sentencia de instancia rechaza la deducibilidad de las retribuciones aduciendo falta de certeza en su fijación y entiende que no es posible admitir una aprobación tácita de la Junta general a través de la mera aprobación de las cuentas anuales. El artículo 19 de los Estatutos proclama que el desempeño del cargo de administrador será remunerado, remuneración que "consistirá en una cantidad fija anual, que la Junta General de Accionistas determinará para cada ejercicio, y cuya libre distribución entre los administradores, que podrá realizarse con carácter desigual entre ellos, corresponderá al propio órgano de administración de la sociedad, pudiendo cobrarse por mensualidades." Es evidente que en el presente caso se colma, de entrada, el principio de reserva estatutaria del sistema de retribución y, por tanto, la finalidad que inspira su exigencia que, conforme con la sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) núm. 893/2011 de 19 de diciembre, rec. 1976/2008, ECLI:ES:TS:2011:9361, responde primordialmente a potenciar la máxima información a los accionistas a fin de facilitar el control de la actuación de estos en una materia especialmente sensible, dada la inicial contraposición entre los intereses particulares de los mismos en obtener la máxima retribución posible y los de la sociedad en minorar los gastos y de los accionistas en maximizar los beneficios repartibles. La misma finalidad debe inspirar la previsión estatutaria -insistimos, no legalmente exigible en los periodos controvertidos- de que la Junta General, determinase dicha cantidad fija anual, sin que haya el menor indicio de que, en el presente caso, su preterición hubiera comprometido los intereses de alguno de los socios. Además de la circunstancia expresada -que la aprobación de la retribución por la Junta General no resultaba obligatoria en el presente caso desde la perspectiva temporal-, no cabe desconocer la abundante jurisprudencia civil que otorga carta de naturaleza a la válida de retribución de los administradores sobre la base de los actos propios de los socios cuando la consintieran de modo inequívoco, circunstancia que, si bien comporta una apreciación fáctica -y, por tanto, ajena a esta sede casacional- no ha sido ponderada por la Sala de instancia a tenor de pronunciamientos tan relevantes como las sentencias del Tribunal Supremo (Sala Primera) núm. 98/2018 de 26 de febrero, rec. 3574/2017, ECLI:ES:TS:2018:494; núm. 448/2008 de 29 mayo rec. 322/2002, ECLI:ES:TS:2008:2900; núm. 412/2013 de 18 de junio rec. 365/2011, ECLI:ES:TS:2013:3443; o, en fin, la sentencia núm. 330/2023, de 28 de febrero, rec. 3742/2019, ECLI:ES:TS:2023:767. 4.- En cualquier caso -reiteramos- aun cuando se admitiera (a los solos efectos dialécticos, como señaláramos en la sentencia 875/2023 de 27 de junio) que hubiera existido incumplimiento de la legislación mercantil -en este caso sería, más bien, un incumplimiento de la previsión estatutaria- tal inobservancia no puede comportar automáticamente la consideración como liberalidad del gasto correspondiente y la improcedencia de su deducibilidad. En otras palabras, no debería conducir necesariamente a la pérdida del derecho material o sustantivo a deducir un gasto contabilizado, acreditado y remunerador de unos servicios onerosos, efectivamente prestados, circunstancias que no se ha cuestionado que adornaran la percepción de la remuneración por parte de los administradores en este caso. Además, tales retribuciones así percibidas no constituyen una liberalidad no deducible -art. 14.1.e) TRLIS- por el hecho de que la relación que une a los perceptores de las remuneraciones con la empresa sea de carácter mercantil. 5.- De conformidad con el artículo 93.1 LJCA, en función de lo razonado precedentemente, procede declarar lo siguiente: En las circunstancias del presente caso, las retribuciones percibidas por los administradores de una sociedad anónima, acreditadas y previstas en los estatutos de la sociedad, no constituyen una liberalidad no deducible por el hecho de que la relación que une a los perceptores de las remuneraciones con la empresa sea de carácter mercantil ni por la circunstancia de que las mismas no hubieran sido aprobadas por la Junta General de Accionistas. A la vista de que la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 28 de marzo de 2022 no resulta conforme con la anterior doctrina, con estimación del recurso de casación, debemos casarla y anularla." Por último, es necesario citar la reciente sentencia del TS de 13-03-2024 ( rec. nº 9078/2022), especialmente relevante para el caso aquí analizado, siendo la cuestión que presentaba interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, la siguiente: "1. Determinar si las retribuciones que perciban los administradores de una entidad mercantil, acreditadas y contabilizadas, constituyen una liberalidad no deducible por el hecho de que las mismas no estuvieran previstas en los estatutos sociales, según su tenor literal, o si, por el contrario, el incumplimiento de este requisito no puede comportar, en todo caso, la consideración de liberalidad del gasto y la improcedencia de su deducibilidad. 2. Determinar si, conforme al principio de correlación de ingresos y gastos, el párrafo segundo del art. 14.1.e) del TRLIS y la jurisprudencia que los interpreta, es admisible que un gasto salarial que esté directamente correlacionado con la actividad empresarial y la obtención de ingresos sea calificado de donativo o liberalidad no deducible o si, por el contrario, dicha correlación excluye tal calificación en todo caso. 3º) Identificar como normas jurídicas que, en principio, habrán de ser objeto de interpretación, el artículo 14.1.e) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo; el artículo 130 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre; y el artículo 217 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en su versión primigenia." De dicha sentencia debemos destacar que el TS señala en su Fundamento de Derecho Segundo sobre la cuestión de interés casacional y el concreto caso enjuiciado, lo siguiente: "Resulta muy importante en este asunto centrar el objeto del debate en tanto que no cabe hacer una declaración en abstracto, desconectada del caso en concreto, como, a la postre, pretende la parte recurrida, consistente en dilucidar si son deducibles las retribuciones de los administradores si no constan previstas en los estatutos, cuando son las circunstancias del caso las que obligatoriamente determinan el pronunciamiento que ha de hacerse para fijar doctrina en referencia al caso enjuiciado. (...)" En su Fundamento de Derecho Tercero, el TS se remite a su sentencia de 18 de enero de 2024, ( rec casación 4378/2022), transcribiendo prácticamente en su totalidad los Fundamentos de Derecho Cuarto y siguientes de la misma (...). Y finalmente concluye en su Fundamento de Derecho Cuarto (la negrita y el subrayado son nuestros): " CUARTO. Sobre las cuestiones de interés casacional y el caso concreto enjuiciado . "Las cuestiones de interés casacional seleccionadas en el auto de admisión, es evidente, han sido despejadas en la doctrina jurisprudencial que anteriormente hemos transcrito; de lo dicho en el anterior fundamento cabe concluir que las retribuciones que perciban los administradores de una entidad mercantil, acreditadas y contabilizadas, su no previsión en los en los estatutos sociales, y su incumplimiento no puede comportar, en todo caso, la consideración de liberalidad del gasto y, sin más, la improcedencia de su deducibilidad ; conforme al principio de correlación de ingresos y gastos, el párrafo segundo del art. 14.1.e) del TRLIS y la jurisprudencia que los interpreta, no es admisible que un gasto salarial que está directamente correlacionado con la actividad empresarial y la obtención de ingresos sea calificado de donativo o liberalidad no deducible . La polémica que nos ocupa se viene arrastrando desde la ya lejana sentencia del Tribunal Supremo, de 13 de noviembre de 2008, que esencialmente vino a acoger la tesis de que para que sean deducibles las retribuciones de los administradores de sociedades, es preciso que conste el importe concreto en los Estatutos con una absoluta certeza, conforme a la Ley 61/1978, art. 13. ñ), que sobre la base de la necesidad u obligatoriedad no hacía más que modelar la obligatoriedad de un gasto; normativa que fue derogada y sustituida por la Ley 43/1995 que ya incorpora una redacción similar a la vigente al tiempo en que se producen los hechos y a la actual. En la evolución de la jurisprudencia, como se desprende de los votos particulares volcados en las sentencias que se dictaron sobre la cuestión, surge la tendencia minoritaria de considerar que el hecho de que no se prevea estatutariamente o que incumpla el resto de requisitos exigidos legalmente por normas no fiscales, tendrá sus consecuencias mercantiles, pues se estaría ante un ilícito que producirá sus efectos en la esfera societaria de la entidad, pero sin trascendencia en el orden fiscal, puesto que la previsión legal estatutaria había sido interpretada por la jurisprudencia como medida de salvaguarda para los socios minoritarios por los posibles abusos de los socios mayoritarios con predominio en la Junta General y atribuyéndose los puestos directivos con elevadas retribuciones, y para salvaguarda de los propios administradores, y existía jurisprudencia que incluso en la órbita mercantil ha reconocido el Derecho de los administradores a percibir retribuciones no sólo sin existir previsión estatutaria al efecto, sino incluso cuando no ha sido acordada propiamente por la Junta General, sin que desde el punto de vista mercantil pareciera que existiese especial dificultad para otorgarle validez a aquellas retribuciones aprobadas en Junta universal y por unanimidad o si la Junta aprueba una retribución superior y el acuerdo se adopta con iguales requisitos que para reformar los Estatutos; resultando, los abusos mercantiles entre los miembros de la sociedad extraños al ámbito tributario. Con todo la tesis mayoritaria , recogida entre otras, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de enero de 2014, gira en torno a la deducibilidad no desde la perspectiva de la " necesariedad " del gasto, sino su "legalidad", "De modo que, como dijo la sentencia del TS de 13 de noviembre de 2008 , hay que estar a lo dispuesto en la LSA y en la LSRL , sin que en esto la Ley 43/1995 haya supuesto un cambio sustancial respecto de la Ley 61/ 1978 . No se trata de considerar los artículos 10 y 13 LIS , sino sólo el artículo 10 LIS en su referencia a la determinación del resultado contable según las normas del Código de Comercio y las reglas que rigen la contabilidad " , la cuestión, pues, según esta tesis, no es si estamos o no ante una liberalidad, sino la propia legalidad del gasto. La conclusión a la que se llegó fue que la retribución de los administradores como gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades era una cuestión de estricta legalidad, su examen era un examen de legalidad, de sus Estatutos y del ordenamiento jurídico aplicable a la materia, siguiendo una línea jurisprudencial ya consolidada. Conforme al art. 10.3 , "En el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en esta ley , el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio , en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas", por lo que si las retribuciones que perciben los administradores no se ajustan a las normas mercantiles y demás aplicables del ordenamiento jurídico, no puede calificarse como gasto contable, por lo que huelga toda consideración como gasto fiscalmente deducible. Por tanto, con el examen de legalidad quedaba, desde la perspectiva jurisprudencial, cerrada la cuestión sobre su consideración fiscal. Sin embargo, la polémica actual es distinta, ya hemos visto la evolución jurisprudencial antes transcrita, el problema ha girado desde entender que estamos ante una cuestión de estricta legalidad, como hemos visto, a, de nuevo, considerar la Administración, también el órgano económico administrativo y la propia sentencia de instancia, de estar ante una liberalidad, y antes enfocar el problema desde la naturaleza de la relación existente y la teoría del vínculo. No cabe, pues, en este entrar sobre un examen de estricta legalidad, entre otras razones porque a pesar de los textos mercantiles, dentro del amplio campo de la retribución de los administradores, son distintas las perspectivas y las circunstancias que delimitan dicho examen de legalidad , así los distintos tipos de modelos de administradores, individuales o colegiados, los distintos tipos de entidades, unipersonales o de participes numerosos, por ejemplo, las distintas actuaciones de los órganos empresariales y sus socios, sus distintas funciones, deliberativas meramente o ejecutivas, sus distintas relaciones con la empresa, así distintos tipos de contratos que unen a aquellos con la empresa y los emolumentos pactados... tal y como hemos visto en casos concretos examinados en las distintas sentencias dictadas por este Tribunal -también por la jurisprudencia civil con resultados plurívocos-, como es buen ejemplo algunas de las antes transcritas, pero que en definitiva nos coloca en la tesitura que ni aún limitando el examen a una cuestión de estricta legalidad puede establecerse la ecuación de que la falta de previsión estatutaria de la retribución de los administradores determina, sin más, la imposibilidad de deducirse el gasto. En definitiva, la no previsión estatutaria no puede comportar, sin más, la negación de una realidad jurídica y material; las previsiones en las normas mercantiles no comportan una presunción iuris et de iure que trasciende al ámbito fiscal, en todo caso, del juego de las previsiones mercantiles debe partirse que si no hay previsión estatutaria, en principio y salvo prueba en contraria, se presume que las cantidades entregadas a los administradores son gratuitas, no hay contraprestación sinalagmática de la que descubrir el carácter oneroso de las mismas, pero cuando se acredita, como es el caso, no cuestionado por demás por las partes, que sí existe onerosidad, que las retribuciones percibidas por los tres miembros del Consejo de administración, en este caso, aparte por la relación laboral que le une con la entidad, responden a los servicios prestados a la misma para obtención de ingresos, desaparece el carácter de gratuidad de las mismas, y de cumplirse el resto de requisitos antes referidos, conforme a las normas fiscales, han de considerarse gastos susceptibles de deducción. Ha de significarse, como se desprende de la resolución del TEAC, que respecto de los ejercicios 2011 y 2012, de los ocho miembros del consejo de administración, tres de ellos, los Sres. Don A , Don M y Don N , reunían la doble condición de consejeros y trabajadores de … ESPAÑA, con contratos de alta dirección, aplicando la Administración Tributaria la teoría del vínculo de suerte que fiscalmente se consideró la relación no laboral, sino mercantil, por lo que las retribuciones que percibieron se consideraron retribuciones a los administradores, conforme a la normativa mercantil posee carácter gratuito el cargo de administrador excepto que los Estatutos establezcan otra cosa, lo que no ocurre en este caso, por lo que dichas retribuciones no son deducibles con arreglo al art. 14.1.e), siguiendo al efecto lo ya resuelto en la resolución del TEAC de 6 de febrero de 2014, respecto de los mismos interesados. La sentencia impugnada parte de lo dicho en la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2015, rec. cas. 2448/2013, en relación con lo recogido por la propia Sala en sentencia de 30 de octubre de 2013 (recurso de casación para la unificación de doctrina 131/2012): "Las retribuciones de los administradores son un gasto deducible cuando cumplen los requisitos legales exigidos para esa deducción. Esos requisitos legales son los que se derivan de la totalidad del ordenamiento jurídico y de modo expreso de los estatutos de la entidad que efectúa la deducción. El alcance de la afirmación precedente es el de que las retribuciones de los administradores no pueden traicionar las reglas que rigen la vida de la entidad que retribuye, es decir, sus Estatutos. En consecuencia, al establecer los Estatutos la gratuidad del cargo de administrador es obligado rechazar la deducción de retribuciones que frontalmente infringen los Estatutos de la entidad pagadora. (...)". Considera, pues, que sólo las retribuciones de los administradores, en la cuantía prevista en los estatutos de la sociedad, son deducibles ( artículo 130 LSA). Por lo que al entender que los tres directivos deben ser considerados miembros del Consejo de Administración, no puede admitirse que desempeñan en concurrencia cada uno de ellos una relación laboral con la misma mercantil. Señala además la sentencia impugnada que al no aceptar el Tribunal Supremo la concurrencia o dualidad entre contrato de alta dirección de carácter laboral y función directiva de administrador, ha de considerarse que las funciones desempeñadas por los tres miembros del Consejo de Administración han de verse absorbidas por su condición de administrador. Al no prever los Estatutos Sociales de la actora en los ejercicios 2011 y 2012 remuneración alguna para los miembros de su consejo de administración, conforme al artículo 217 del Real Decreto Legislativo 1/2010, el cargo se presume gratuito, y por ello es de aplicación el artículo 14.1 e) del EDL 4/2004. Como vemos, no se resuelve la cuestión aplicando estrictamente el principio de legalidad, esto es, al no preverse en los estatutos no existe gasto deducible por no ser susceptible de contabilización, sino que se a la equiparación de liberalidad del citado precepto, lo que, ya se ha dicho, es fiscalmente inasumible. Es de notar, pues, que tanto la resolución del TEAC, como la sentencia impugnada desarrollan una tesis contraria a la jurisprudencia de este Tribunal Supremo anteriormente plasmada, y que damos ahora por reproducida, ya se ha dicho, no cabe aplicar en el ámbito fiscal la teoría del vínculo, menos aún con la extensión que se pretende en el que ni siquiera se repara en las retribuciones que perciben los miembros del consejo de administración en su calidad de empleados por cuenta ajena; tampoco cabe calificar las retribuciones como donativo o liberalidad del artículo 14.1.e del TRLIS, sino que, en principio, son retribuciones, onerosas, que en cuanto han sido acreditadas y contabilizadas, deben considerarse gastos deducibles, sin que su no previsión estatutaria per se le haga perder esta condición, en tanto que por ese sólo hecho no se ha de considerar un acto contrario al ordenamiento jurídico, con el alcance que este tribunal Supremo, antes se ha transcrito pronunciamientos al respecto, le ha dado a dicha expresión. Razones todas ellas que conlleva que sea acogido el recurso de casación y dar satisfacción en la instancia a la pretensión de la parte recurrente." Con esta sentencia se consolida la doctrina casacional previa relevante sobre la deducibilidad fiscal de las retribuciones de los administradores. SEPTIMO.- Procedencia de la deducibilidad de las retribuciones satisfechas a un miembro del Consejo de Administración (III) Pues bien, sobre la cuestión que nos ocupa, debemos aclarar que la referida teoría del vínculo, que venía manteniendo el Tribunal Supremo y asumía este TEAC, en la base a la que se determinaba que, en el caso de consejeros de una sociedad que, a su vez, estaban unidos a esa en el marco de un contrato laboral de alta dirección, debía entenderse que el vínculo entre ambos era exclusivamente de naturaleza mercantil (y no laboral) puesto que las funciones atribuidas en virtud de la relación laboral de alta dirección quedaban subsumidas en las propias del cargo de administrador, y que era la que permitía exigir, para reconocer la deducibilidad de estas partidas de gasto para la sociedad que satisfacía retribuciones a administradores que a la vez ejercían cargos de alta dirección en la misma, que se cumplieran los requisitos que la normativa mercantil dispone para la retribución de administradores de una entidad en su condición de tales (art. 217 TRLSC), o más bien, su aplicación en el ámbito fiscal o tributario, en los términos expuestos, se ha visto superada por el mismo Tribunal Supremo y, en consecuencia, debe ser rechazada. En tal sentido, procede estimar las pretensiones de la reclamante, teniendo en cuenta que ya en las recientes resoluciones de este TEAC de 27/05/2024 con RG 3319/2021 y 3122/2022, asumiendo lo dispuesto en las sentencias del Tribunal Supremo de 27/06/2023 (recurso de casación 6442/2021), de 02/11/ 2023 (recurso de casación 3940/2022) y de 13/03/ 2024 ( rec. cas. Nº 9078/2022), se ha producido un cambio de criterio en nuestra doctrina, estableciéndose que la falta de previsión estatutaria de retribución del cargo de administrador no puede conllevar por sí sola su no deducibilidad fiscal, habiendo quedado superada esa "teoría del vínculo" en el ámbito fiscal como fundamento para rechazar la deducibilidad de todas las retribuciones satisfechas a un consejero / administrador que además tenga una relación laboral especial, de alta dirección, con la entidad que lo ha nombrado. De acuerdo con lo anterior, entiende este TEAC que, no permitiendo las sentencias del Tribunal Supremo transcritas la aplicación de la Teoría del Vínculo en el ámbito fiscal para rechazar la deducibilidad de todas las retribuciones satisfechas, ostentando Dña. Ekb , simultáneamente, los cargos de administradora y directiva de XZ SPAIN SL y, siendo sus retribuciones onerosas, en cuanto han sido acreditadas y contabilizadas, sin que en ningún momento se haya cuestionado por la Inspección la realidad de los servicios prestados por aquellos, deben ser consideradas en su totalidad como un gasto fiscalmente deducible puesto que, como señala el TS: "...son retribuciones, onerosas, que en cuanto han sido acreditadas y contabilizadas, deben considerarse gastos deducibles, sin que su no previsión estatutaria per se le haga perder esta condición, en tanto que por ese sólo hecho no se ha de considerar un acto contrario al ordenamiento jurídico, con el alcance que este tribunal Supremo, antes se ha transcrito pronunciamientos al respecto, le ha dado a dicha expresión". En definitiva, procede estimar lo alegado por la entidad en este punto y anular el correspondiente ajuste practicado en el acuerdo de liquidación. Por lo expuesto, Este Tribunal Económico-Administrativo acuerda ESTIMAR EN PARTE la presente reclamación, en los términos señalados en la presente resolución.
Normas citadas
- Ley 27/2014 Impuesto sobre Sociedades